Deuda y decisiones: el crédito nacional en el 2025

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde el punto de vista crediticio, Panamá ha tenido un año difícil. El país empezó el 2024 aún procesando la rebaja de su calificación de deuda por la casa calificadora Moody’s al cierre del año anterior. Para marzo, la casa calificadora Fitch retiró al país de su listado de grado de inversión. Y en noviembre, la tercera casa, S&P Global, indicó que Panamá estaba a un paso de salir del listado de grado de inversión de ellos.

El alza en intereses, que es de esperar después de tales rebajas, ya se nota. Donde antes Panamá ofrecía 4.5% de interés para pedir prestado, ahora debe ofrecer entre el 7% y el 8%. Sobre un préstamo de mil millones de dólares, eso es una diferencia de más de $25 millones al año.

Y el impacto es doble: no solo tiene el país que ofrecer más interés para financiar su operación, sino que también debe refinanciar bajo estas tasas elevadas toda la deuda que va venciendo y debe ser pagada. Tal efecto se ve magnificado porque una parte importante de la deuda nacional vence en el corto y mediano plazo.

El año pasado, Panamá pagó, entre enero y noviembre, $2,027 millones en intereses sobre su deuda. Este año, en el mismo periodo, el monto fue de $2,379 millones.

Déficit

Aunque las soluciones serán complejas, el problema es sencillo: Panamá gasta más de lo que recibe, con la diferencia entre el gasto y el ingreso proyectándose para quedar este año entre el 6% y el 7% del producto interno bruto (PIB).

Para referencia, el 2024 cerrará con un PIB por encima de los $85,000 millones. Cada punto porcentual del PIB equivale entonces a más de $850 millones. Por lo que un déficit entre ingresos y gastos del 6% sería de más de $5,000 millones —más de dos veces los aportes del Canal de Panamá para este año.

Es en gran parte esta diferencia tan grande entre gastos e ingresos la que lleva a las casas calificadoras a revisar la inclusión de Panamá en sus listados de grado de inversión. El país logró entrar a estos luego de presentar, a inicios de la década pasada, superávits fiscales, es decir, más ingresos que gastos. Esa configuración no duró y lo que Panamá ha experimentado desde entonces es un aumento galopante de su gasto público y de la deuda necesaria para financiarlo.

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Y la pandemia sin duda agravó el asunto, con el país recurriendo al financiamiento externo para intentar superar el impacto, a la par que el crecimiento del PIB se vio mermado. Esta situación disparó la relación entre el monto total de la deuda pública y el PIB de por debajo del 45%, antes de la pandemia, a poco más del 60% al conteo más reciente.

Aunque tal relación todavía está en un nivel manejable, organizaciones económicas internacionales han advertido a Panamá que la tendencia hoy día es hacia una menor flexibilidad presupuestaria, lo cual afectará desfavorablemente la inversión para el desarrollo en materia de educación, salud e infraestructura.

Planilla

Parte de esta menor flexibilidad se debe al aumento automático del salario de funcionarios en más de una treintena de entidades públicas, con algunos funcionarios recibiendo aumentos automáticos de 6% de su salario cada dos años. En un caso en particular, es incluso de 11% cada dos años.

Para referencia, entre el 2020 y el 2023, según el Ministerio de Economía y Finanzas, el gasto adicional causado por estas leyes de aumentos automáticos fue de $3,669 millones. Si se incluyera el año corriente, la cifra sobrepasa los $4,000 millones.

Es probable que la presión presupuestaria que están generando estas leyes lleve a su análisis, aunque cualquier cambio a las mismas —similar a lo que sucede cuando se contempla el recorte de subsidios— trae consigo el riesgo de episodios de inestabilidad social.

Pensiones

Las casas calificadoras han prestado atención particular al tema de la Caja de Seguro Social porque es uno de los que más amenaza con descarrilar las finanzas públicas.

Según la Organización Internacional del Trabajo, tanto el cambio de la pirámide poblacional de Panamá —menos personas jóvenes en comparación con adultos mayores— como deficiencias administrativas en las últimas décadas han socavado la solvencia y estabilidad económica de la Caja, por lo que su reforma es inevitable si se desea cumplir con el esquema de pensiones del país.

Sin reforma alguna, la Caja dependería de aportes directos anuales del Tesoro Nacional para poder enfrentar sus cuentas por pagar, con el monto de tal aporte anual elevándose hacia el cierre de esta década por encima de los $2,500 millones y hacia el cierre de la siguiente por encima de los $5,500 millones.

Según el plan del Gobierno Nacional —hoy bajo discusión en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional— la Caja igual dependerá de aportes directos anuales del Tesoro Nacional, pero al incrementar los ingresos de la Caja, se reduce el peso al Gobierno Central, que así puede estabilizar el monto de sus aportes en el tiempo.

De no resolver el tema, la necesidad de aportes multimillonarios durante los próximos años impactará severamente la capacidad de repago del país, llevando al riesgo de mayores aumentos en el costo del financiamiento del Estado.

Según la casa calificadora Moody’s, Panamá dispone de un año, poco más, para resolver tal situación —y otras— para que el país no sea excluido del grado de inversión. De perderlo, recuperarlo podría ser el ejercicio de varios años o casi una década.

Ventajas

No todo el análisis de la situación crediticia de Panamá es negativo. Las casas calificadoras y los organismos económicos internacionales recalcan que el país tiene muchos activos a su favor, entre ellos, su posición geográfica, su dinamismo económico, la diversificación de su productividad y el potencial de robustecer su posición financiera.

Pero para lograrlo, Panamá deberá demostrar algo que no ha tenido en la última década y media: disciplina fiscal. Y esto implica reducir significativamente la cantidad de modificaciones que se hacen al techo del déficit impuesto por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Además, el Gobierno Nacional tendrá que dirigir el poco dinero que le queda luego de pagar costos y deuda hacia inversión de impacto que pueda incrementar el nivel de productividad del país y, con ello, el ingreso nacional.

Y estos dos serán, en muchos sentidos, los principales retos financieros del país para la segunda mitad de esta década.