Desigualdad y privilegios: lo que refleja la planilla estatal en la administración Cortizo

Ciudad de Panamá/En medio de la coyuntura por la pandemia, la austeridad que anunció el gobierno del presidente Laurentino Cortizo desde que tomó el mando en 2019, no se ha reflejado en la planilla estatal.

Al 31 de mayo pasado, el gobierno contabilizaba 247,693 funcionarios, lo que se tradujo en un desembolso mensual de $394.3 millones de dólares.

Solo entre abril y mayo, la contratación de 1,841 nuevos funcionarios sumó 4.6 millones de dólares a ese rubro. Fue la Asamblea Nacional la que contrató a la mayoría: 989 personas se sumaron a su planilla tan solo ese mes, según cifras oficiales de la Contraloría General.

En un año, es decir, entre mayo 2020 y mayo 2021, se contrataron 11,207 funcionarios que representaron $19 millones de dólares adicionales, en plena pandemia y tras llamados de austeridad por parte del mismo Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Y si bien el crecimiento en los dos últimos años de la fuerza laboral en el sector público no ha sido estratosférico —incluso el MEF lo atribuye a las contrataciones de personal debido a la crisis sanitaria y por aumentos de salarios ya pactados en los sectores de salud, educación y seguridad— persiste una marcada desigualdad en salarios, especialmente para puestos administrativos.

Una revisión de la planilla de varios ministerios da cuenta de la diferencia salarial entre funcionarios con el mismo cargo. Por ejemplo, un asistente administrativo en el Ministerio de la Presidencia puede ganar entre $700 y $2000. La asignación es totalmente discrecional a quien lo nombre, lo que causa perjuicios a los funcionarios que están adscritos a la carrera administrativa, además de socavar la meritocracia.

El rango salarial tampoco se compadece con el tiempo de experiencia del funcionario: hay quienes ganan $800 desde 1999 y otros que fueron contratados en el mismo puesto en 2019 y ganan el doble.

Para Alejandro Haynes, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), la discreción salarial es una anomalía que se da desde que somos República, pero que ha acrecentado pos invasión.

Eso nos indica que el clientelismo se ha exacerbado en este país, todos los gobierno utilizan los puestos del Estado como un mercado de empleo para favorecer a la membresía partidaria que ayudó en campaña”.

Sobre los rangos salariales, Haynes confirmó que, en efecto, desde que se creó la Ley de Carrera Administrativa en la década del 90, la discusión de una ley general de sueldos se mantiene estacada tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. “Está durmiendo el sueño eterno, y es la que evoca que a igual posición, igual salario”, confesó al tiempo que criticó la falta de voluntad de todos los gobiernos, en especial el del expresidente Ricardo Martinelli, en cuyo periodo se desafiliaron y se destituyeron los casi 10,000 funcionarios adscritos a la carrera administrativa, medida que luego fue revertida por la Corte en un fallo. Pero, según el vocero de Fenasep “el daño ya estaba hecho”. En el pasado gobierno y en lo que va de este no se ha acreditado a nadie a la carrera administrativa, y que hoy tan solo cubre a menos del 3% de todo el funcionariado.

Por otro lado, el aumento de la planilla en el Ministerio de Seguridad es una bomba de tiempo a mediano plazo para el presupuesto. Para el próximo año el gobierno anunció que necesitará $25,126.6 millones para operar, siendo el rubro de seguridad el que acapara el 13% de ese presupuesto 2022, sobrepasando el monto destinado la a educación (12%), que según el presidente Cortizo, sería la estrella de su gobierno.

El presupuesto de educación “en cualquier país que se considere civilizado” siempre debe ser mayor al de seguridad, explica la presidenta de la Federación de Asociaciones Profesionales —Fedap— Rebeca Yanis, quien califica de “inadmisible e inconcebible” la desproporción “máxime cuando el Estado nunca ha cumplido asignándole el 6% del PIB a la educación, como mandata la ley”.

El sueldo promedio de un funcionario según las últimas cifras de la Contraloría es de $1,592 dólares mensuales.

Pero el problema va más allá del funcionario contratado, profundiza la presidenta de Fedap. Utilizar las estructuras gubernamentales —en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial— como botines políticos para nombramientos clientelares mermó todas las tareas de consolidación que debió hacer el Estado al menos en los últimos 30 años de democracia pos invasión: “eso habla de un estado fallido”.

El economista Felipe Argote lo pone en retrospectiva comparando el monto de inversión vs el monto de funcionamiento: el presupuesto 2022 es mayor al del año 2017, pero el monto destinado a inversión el próximo año tiene $700 millones menos. “La inversión baja a pesar de que el presupuesto sube; solo están creciendo los gastos ahora cuando más se necesita que el gobierno invierta…lo único que se ve es una planilla política, muy alta, de asesores, influencers y mucha gente que no debe estar allí…es insostenible”, critica el economista.

Por otro lado, la preferencia del Ejecutivo por incentivar fiscalmente a trasnacionales y grandes capitales en detrimento del microempresario, hace que muchos acepten puestos públicos porque “es la única opción”, analiza Argote, sustentado en que “la gran mayoría de los panameños no quieren que les regalen nada, quieren trabajar…así es que se va a recuperar la economía”.

Las disfuncionalidades en la planilla estatal no terminan allí. También incluyen la sobrecontratación con carácter eventual —usualmente con contratos de un año— a la que son sometidos muchos funcionarios que entran en interinidad por que no se abren los concursos que exige la Ley 23 de 2017 para la permanencia. Una “condición perversa” que según Haynes, de Fenasep, limita a la persona social y económicamente al no ser sujeto de crédito.

Yanis, Argote y Haynes coinciden en que pagar favores políticos con puestos público es una política errada, que las disparidades salariales atentan contra la meritocracia y la eficacia de las funciones públicas y que la reestructuración de la planilla estatal es urgente.