El legado de la administración Cortizo a Mulino: Los 500 millones de la mina, perforadoras, desaparición de vigas y armas

Ciudad de Panamá, Panamá/ La administración del expresidente Laurentino Cortizo, que concluyó su mandato el pasado 30 de junio de 2024, dejó a su sucesor una herencia complicada: un entramado de irregularidades que ahora está siendo desentrañado por el nuevo gobierno.

La nueva administración del presidente José Raúl Mulino, quien asumió el poder el 1 pasado de julio, ha revelado, poco a poco, una serie de inconsistencias que han dado pie a presentar denuncias penales. Cortizo, cuya presidencia estuvo marcada por diversos escándalos, no ha sido denunciado formalmente por el presidente o los ministros de Estado, no obstante, por la sociedad civil sí.

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El 26 de agosto los abogados Heraclio Bustamante y José Antonio Moncada, acudieron al Ministerio Público para denunciar un presunto peculado y malversación de fondos por los 500 millones de dólares que entregó la empresa Minera Panamá en 2023, producto de la actividad minera, que según palabras de Mulino, no sabe con exactitud en qué se utilizaron porque ingresaron a la cuenta del Tesoro Nacional por solicitud del exministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander. Pese a que el contrato era muy explícito respecto al uso de dichos fondos, Mulino también desconoce en qué se utilizó la millonaria suma.

El presidente Mulino recomendó a su gabinete iniciar auditorías, las cuales han revelado una serie de irregularidades, incluyendo la desaparición de bienes del Estado, inconsistencias en contratos y una preocupante gestión de recursos públicos.

Escándalos durante la administración Cortizo

Durante el mandato de Cortizo, se hicieron notorios varios casos de corrupción que cuestionaron la integridad de su gobierno. Entre los más polémicos se encuentran la adquisición de ventiladores a sobrecoste durante la pandemia, la descentralización paralela y los controvertidos auxilios económicos. Estos escándalos dejaron una sombra sobre la administración saliente y sentaron el escenario para una administración de Mulino, que parece estar centrada en la transparencia y la rendición de cuentas.

Se pierden materiales de construcción

Uno de los casos más recientes, fue la denuncia de la desaparición de 600 vigas de acero, cuyo valor total asciende a unos 3 millones de dólares. Se encontraban almacenadas en un patio del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en el área de Farfán, y serían utilizadas para trabajados de mantenimiento del puente de Las Américas. Este caso ha generado una gran alarma y ha puesto en evidencia la falta de controles eficaces en el manejo de bienes del Estado. Por este hecho, el MOP ya presentó una denuncia ante el Ministerio Público, que ayude a determinar en dónde están las vigas, quién y por qué fueron sacadas del patio.

Además, en esa misma cartera, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade reveló que había paralizado una serie de licitaciones porque estaban “sesgadas”.

Desaparecen armas

El 19 de julio, la Policía Nacional denunció la desaparición de más de 200 armas de fuego. La investigación, que comenzó como parte de una auditoría interna, ha revelado que aproximadamente 240 armas están extraviadas. La institución presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, y las investigaciones preliminares sugieren que el problema se arrastra desde años anteriores.

Pago de un servicio que no se usó

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) también ha sido objeto de escándalos bajo la administración Cortizo. El 24 de agosto, la institución dirigida por Juan Carlos Navarro presentó una querella ante la Fiscalía Anticorrupción tras descubrir que se habían arrendado dos locales comerciales por un total de 68.580 dólares, los cuales fueron completamente pagados a un único propietario, pero nunca utilizados. Durante la administración Cortizo, la cabeza del ministerio fue Milcíades Concepción, quien fue duramente criticado por el rol que tuvo en este periodo como defensor de los recursos naturales del país.

Además, MiAmbiente reportó serias fallas en su sistema de recursos humanos. Un informe interno reveló la pérdida cuantiosa de información en la base de datos, lo que ha impedido la restauración efectiva del sistema. El equipo legal del ministerio presentó la denuncia ante el Ministerio Público por presuntos delitos contra la administración pública, señalando una mala gestión y posibles actos de corrupción, por eliminar de manera intencional información de carácter público y dañar un sistema informático que costó miles de dólares.

Adquisición de maquinaria en el Ministerio de Salud

Otro escándalo es el que involucra al Ministerio de Salud, que era administrado por Luis Francisco Sucre, donde se descubrió que se habían pagado por adelantado 10 millones de dólares por tres camiones perforadores destinados a abrir pozos en el país. Sin embargo, las máquinas no estaban en Panamá durante el proceso de compra, y las actas de aceptación de los equipos se emitieron en diciembre de 2023, mientras que el pago se realizó en mayo de 2024.

Las máquinas fueron finalmente entregadas en el último día de la administración de Cortizo, lo que ha llevado al presidente Mulino a ordenar una denuncia formal ante el Ministerio Público para investigar estas irregularidades, pues la entrega se hizo en horas no laborables, sin manuales técnicos en idioma americano, sino que todas las especificaciones estaban en chino. Por estas razones, los equipos no se han podido utilizar para el fin por el que fueron adquiridos.

En total, son más de 800 millones de dólares que se utilizaron en las gestiones antes mencionadas, los cuales estarían representando una lesión patrimonial para el Estado de comprobarse una malversación y una gestión inadecuada de los fondos públicos. Cabe recordar que durante la administración Cortizo se usaron 130,975,800 millones de dólares como presupuesto de Estado, y el mayor descontento de la población es que ese dinero no se vio reflejado en obras o beneficios para la sociedad.

Hasta ahora, el Ministerio Público, dirigido por el procurador Javier Caraballo no se ha pronunciado al respecto, tampoco ha indicado si existen más investigaciones en curso por irregularidades en otros ministerios o instituciones del Estado.