Panamá y los derechos humanos: Entre la gestión pública insuficiente y la falta de recursos

Ciudad de Panamá, Panamá/Un panorama complejo lleno de desafíos estructurales que afectan tanto a la población en general como a los grupos más vulnerables fue expuesto durante la presentación del informe “Situación de los derechos humanos en Panamá 2024”.

El documento presentado por el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, muestra la persistencia de las carencias significativas en servicios esenciales como salud, educación, agua potable y por manejo de residuos, exacerbadas por una gestión pública insuficiente y la falta de recursos, afectando principalmente a los más desfavorecidos.

Entre las principales preocupaciones latentes destaca el embarazo adolescente, que afecta a más de 4,000 menores de 18 años de edad, entre 15 y 17 años perpetuando el círculo de pobreza, especialmente en comarcas como Ngäbe-Buglé. Asimismo, las niñas migrantes también enfrentan altos riesgos de violencia sexual.

Adicionalmente, se perfilan como preocupaciones graves la violencia de género, los femicidios, la falta de recursos para albergues, los vertederos, las barreras para las personas con discapacidad, y la discriminación y estigmatización de las personas con VIH.

Todo esto aunado a los desafíos que enfrentan los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en Panamá , como el acoso escolar y la desigualdad educativa en regiones rurales y semiurbanas.

Estigma y discriminación en torno al VIH

Natasha Dormoi, coordinadora de país de Aids Healthcare Foundation (AHF), reconoció que los derechos humanos de las personas con VIH/SIDA en Panamá han tenido avances importantes, especialmente en el acceso a atención y tratamiento, que por ley es gratuito y universal. 

Sin embargo, los esfuerzos realizados en las últimas décadas para prevenir la transmisión del virus y facilitar un diagnóstico oportuno no han tenido el impacto esperado por varias razones que debemos abordar si queremos acabar con el VIH/SIDA como un problema de salud pública, dijo Dormoi.

Desde la óptica de Dormoi, en el país persiste el estigma y la discriminación en torno al VIH y hacia las personas con VIH. 

"La desinformación y falta de educación sexual siguen generando miedo, rechazo y exclusión, limitando el acceso a servicios y herramientas que salvan vidas. "Existen también barreras estructurales de tipo social, cultural, económico, político y normativo que limitan un abordaje integral y coherente del tema por parte del Estado en su conjunto", señaló la defensora de derechos de los pacientes con VIH/SIDA.

El ombudsman reconoció que las personas que viven con VIH, enfrentan discriminación y estigmatización, pese a avances legales que establecen un marco para la atención integral. Sin embargo, la limitada difusión y aplicación de esta legislación obstaculiza la implementación de políticas públicas con enfoque de género, perpetuando barreras en el acceso a servicios de salud adecuados.

Panamá necesita de acciones concretas que beneficien a los niños

La coordinadora de país de Aids Healthcare Foundation (AHF) recomendó seguir trabajando en la educación y sensibilización de la población, en la promoción de un diagnóstico temprano, y en asegurar que toda persona que lo necesite acceda a una atención y tratamiento en espacios libres de estigma y discriminación.

Según Sandie Blanchet, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. UNICEF, a dos años de la aprobación de la Ley 285 de 2022 que establece el Sistema de Garantías y Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia, el país aún enfrenta el desafío de traducirla en acciones concretas que beneficien a los niños, niñas y adolescentes, y especialmente a los más vulnerables.

La representante de UNICEF indicó que este marco legal requiere una inversión sostenida y el compromiso activo de todas las instituciones que forman parte del sistema de protección y reiteró el apoyo al Gobierno Nacional para desarrollar un plan de implementación de la Ley que la transforme en programas y servicios accesibles para todos los niños y niñas.

Samirah Armengol, directora ejecutiva de la Coalición Internacional de Mujeres y Familia, consideró, desde su punto de vista, que el país no cuenta con ningún tipo de ley que proteja de la discriminación a todos los grupos vulnerables.

Armengol aseveró que el país no da respuestas acordes a necesidades básicas como seguridad y atención de salud, específicamente para la comunidad LGBTQ+

También mencionó que en el país la población LGBTQ sigue siendo presa de la violencia obstétrica, que presuntamente hoy por hoy se ejerce contra las mujeres y hombres trans y las mujeres lesbianas.

“La Defensoría debería tener más autonomía, dejando la política de lado. Aquí se hizo una propuesta de ley para aumentar su capacidad. La institución, lamentablemente, no responde a las necesidades de la sociedad civil, en este momento, en esta coyuntura”, consideró la defensora de los derechos de las personas de diversidad sexual.

Al ser la Defensoría una institución fundamental para las organizaciones sociales, Armengol sugirió fortalecerla a nivel legislativo y pueda estar realmente separada del poder político.

Data del informe “Situación de los derechos humanos en Panamá 2024”

Leblanc considera necesario desarrollar programas que promuevan la masculinidad positiva, transformar las normas culturales que perpetúan la violencia de género, involucrar a los hombres desde temprana edad en la solución y aumentar el presupuesto para refugios, así como garantizar la implementación de brazaletes electrónicos.

Crisis por falta de agua potable y vertederos colapsados

Con respecto al agua potable, el defensor del Pueblo expresó que se refleja una crisis persistente que afecta tanto a comunidades rurales como urbanas, debido a la falta de infraestructuras como potabilizadoras y líneas de conducción, agravando las condiciones de vida, higiene y salud de la población.

Además, los vertederos a nivel nacional generan graves problemas de contaminación del suelo, aire y agua, afectando directamente la salud de las comunidades cercanas. La inexistencia de un plan integral que promueva la separación de residuos en la fuente, el reciclaje y el tratamiento de lixiviados y gases.

Piden fortalecer sistema educativo inclusivo en Panamá

En cuanto a las personas con discapacidad, a pesar de los avances legales, enfrentan barreras críticas como: la falta de accesibilidad en espacios públicos y servicios, la educación insuficiente y la discriminación laboral limitan su inclusión, señaló.

En esa línea, la semana pasada, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, José Townshend, subdirector de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), manifestó que, en medio de la lucha por el cumplimiento de los derechos de las personas con capacidades especiales, en el país sigue latente la barrera actitudinal, por lo que, pese a que hay una diversidad de leyes, las mismas deben ser mejoradas con políticas públicas eficientes.

Entre las limitantes que enfrentan las personas con discapacidad en el país, mencionó Townshend, está el derecho al trabajo digno con un buen salario, puesto que para lograr un buen empleo con un salario remunerado se debe tener acceso a una mejor educación, por lo que instó a seguir trabajando en el sistema educativo inclusivo.

De igual manera, Leblanc indicó que los pueblos originarios carecen de acceso a servicios básicos, y la desigualdad en la atención de salud. Es necesario repensar las ayudas económicas dirigidas a estas comunidades, acompañadas de programas de formación que fortalezcan la autogestión y la gobernanza que les permitirá participar activamente en su propio desarrollo y reducir la dependencia estructural.

Asimismo, las personas mayores en Panamá enfrentan vulneraciones significativas, especialmente en áreas como el acceso a la salud, la seguridad social y viviendas dignas.

 Las personas privadas de libertad en Panamá enfrentan graves vulneraciones, destacándose el hacinamiento extremo, condiciones inadecuadas de infraestructura, falta de acceso a servicios básicos como agua potable y alimentación, y atención médica insuficiente, especialmente para enfermedades crónicas y mentales.

"Las carencias reflejan incumplimientos de estándares internacionales como las reglas Mandela y Bangkok. Para enfrentar la realidad hay que priorizar un enfoque integral y diferenciado en las políticas públicas, garantizando que los derechos se conviertan en el eje del desarrollo del país", apuntó Leblanc

Esto implica fortalecer las instituciones encargadas de su promoción y protección, asegurar la participación activa de la sociedad civil y la implementación efectiva de recomendaciones internacionales, como las derivadas del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas.

Además, manifestó que se debe abordar las brechas existentes en servicios esenciales como salud, educación, sanidad básica y agua potable, con especial énfasis en las comunidades rurales y comarcales.

La reforma al sistema de seguridad social, el combate a la violencia, y la mejora de las condiciones en los centros educativos, son tareas impostergables que requieren compromisos intersectoriales.

Finalmente, Leblanc, subrayó que es crucial que Panamá adopte un liderazgo regional en la protección de los derechos humanos, no solo consolidando su marco normativo interno, sino también asumiendo compromisos internacionales como la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia; y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

“Invito al nuevo gobierno a tomar este análisis como una herramienta de trabajo para construir políticas públicas inclusivas, sostenibles y orientadas a garantizar la dignidad humana”, afirmó el defensor. Además, hizo un llamado a la comunidad internacional a colaborar con Panamá en la preparación y atención a los retos migratorios que se avecinan.