Denuncian destituciones de funcionarios con discapacidad, piden reacción de las autoridades

Las denuncias de supuestas destituciones de funcionarios con algún tipo de discapacidad han aumentado, sin tener una reacción oportuna por parte de quienes deben defender los derechos de esta población vulnerable de nuestro país.

Uno de los afectados es el señor Ariel Gómez Alvarado, de 43 años de edad, con dos hijos menores de edad, siendo él cabeza de hogar. Gómez laboraba en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), regional de Panamá Oeste, cuando sufrió un accidente de tránsito y quedó discapacitado de una pierna.

Su abogada Francia Villanueva, cuenta que su representado tenía laborando cuatro años por contrato en este ministerio, sin embargo, desde hace dos años cuando sufrió el accidente, le renovaron el contrato solo para recibir la ficha talonaria y poder recibir atención médica, pero en diciembre del 2020 le hicieron llegar una nota de finalización de contrato.

Según explicó Villanueva, la explicación que se dio en la institución fue que "su contrato era por finalización de obra y no lo iban a volver a recontratar, obviando el hecho de que está discapacitado".

La abogada contó que se acercó al departamento de Bienestar del Miviot, pero allí no tenían conocimiento del caso, por lo que decidió enviar una carta al encargado de esta cartera, pero no ha recibido respuestas.

“Yo presenté una queja en la Defensoría del Pueblo y lo enviaron para la regional de La Chorrera, también presenté el caso al Departamento de Asesoría Legal del Defensoría del PuebloSenadis”, dijo Villanueva asegurando que aún no ha recibido respuestas de estas instituciones.

Resaltó que el señor Gómez se encuentra viviendo en condiciones infrahumanas, y están solicitando que sea reintegrado o pueda recibir algún tipo de ayuda por parte del Gobierno, ya que la persona responsable del hecho de tránsito tampoco se ha hecho cargo.

Por su parte, Alejandro Haynes, de la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos (Fenasep), confirmó que todos los días reciben denuncias de funcionarios destituidos, entre ellos varios casos de personas despedidas que están protegidas por las leyes.

Aunque no pudo confirmar la cifra de la cantidad de personas en esta situación, resaltó que son muchos y algunos llegan a ser patéticos. Agregó que también existen casos de personas con familiares o dependientes con discapacidad que también son protegidos por la ley y han sido destituidos.

“También tenemos casos de embarazadas, que también han sido destituidas por este gobierno. Este gobierno ha hecho violaciones a los derechos de los trabajadores que no los habíamos visto anteriormente”, manifestó Haynes.

Recordó que durante el gobierno de Cambio Democrático también se vieron estos casos, pero, “este ha llegado con sangre en los ojos, han hecho violaciones que al parecer no tienen sangre en las venas. Pareciera que por estar 10 años fueras de la papa están haciendo y deshaciendo”, puntualizó.

El gremialista también aprovechó para resaltar que, “se están realizando tantos nombramientos de la clientela política, a sabiendas de que estamos en pandemia se sigue nombrando gente por encima de los números normales que se necesitan para los puestos".

"Se está extra nombrando trabajadores solamente por el maldito clientelismo”

Haynes dijo que no se está respetando la condición de salud de las personas, destituyendo a mansalva, sin importarles que en algunos casos la Corte Suprema de Justicia ha fallado a favor de los trabajadores.

Otro que ha denunciado esta situación en redes sociales es el diputado panameñista Luis Ernesto Carles, quien ha señalado que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud han destituido a trabajadores con discapacidad de visual y movilidad reducida, haciendo el llamado a la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) que cumpla con su función de proteger a las personas con discapacidad y se respete su fuero laboral.

La legislación panameña

En Panamá estas personas son protegidas por la Ley 15 de discapacitados, que reforma la Ley 42 de 1992, en esta norma en su artículo 45 establece que “La persona con discapacidad, padres, madres, tutor o el representante legal de la persona con discapacidad no podrá ser despedido o destituido ni desmejorado en su posición o salario, salvo que el empleador o superior acredite con antelación una causal establecida en la ley que justifique la terminación de la relación laboral”.

También dice que, “en los casos de servidores públicos no se admitirá como causal el libre nombramiento y remoción, salvo que se trate de funcionarios nombrados en cargos de confianza. Los servidores públicos que ocupen cargos que sean declarados insubsistentes serán nombrados en otra posición dentro de la respectiva institución. Los trabajadores con discapacidad gozarán de estabilidad laboral, por lo que sus empleadores deberán asegurar su inclusión en la planilla laboral permanente de la empresa o institución correspondiente, una vez hayan aprobado el periodo probatorio”.