Certificado de no ofensor sexual: Una herramienta para prevenir abuso a menores ¿Para quiénes aplica esta medida?

Ciudad de Panamá/Los agresores sexuales, en muchos casos, buscan establecer contacto cercano con los menores de edad, aprovechando situaciones cotidianas para cometer sus delitos.

A pesar de que la Ley 244 que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales fue sancionada desde el 2021, y empezó a regir desde 2022, su implementación, que ofrecería un poco más de seguridad, se ha quedado un poco atrás.

Los menores están expuestos a riesgos dentro de su entorno cotidiano, que incluye escuelas, actividades extracurriculares y otros espacios comunitarios. Los agresores sexuales, generalmente, buscan ganar la confianza de sus víctimas al involucrarse en su vida diaria y establecer una relación cercana.

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Este tipo de contacto puede ocurrir desde la persona que es cuidador o profesor, hasta los que forman parte de clubes y actividades donde los niños pasan una cantidad considerable de tiempo, sin la vigilancia directa de los padres o tutores.

Este acercamiento estratégico permite a los agresores manipular y aprovechar la vulnerabilidad de los menores, aumentando la dificultad de detectar y prevenir estos delitos a tiempo.

Conscientes de esta gran amenaza, el Ministerio de la Mujer (Midem) busca garantizar el estricto cumplimiento de la Ley 244, una herramienta que ofrece una serie de estrategias para prevenir estos peligros y proteger a los niños.

Ricky Martés, abogado del Ministerio de la Mujer, habló con TVN-2.com sobre las acciones que emprende la institución, la cual es dirigida por la ministra Niurka Palacios, quien aseguró que llevará adelante una lucha en contra de todos los depredadores sexuales y la violencia de género.

Hace un mes, Palacios presentó su plan de trabajo, el cual abarca la debida implementación de la Ley 244.

¿Qué dice la Ley 244 de 2021?

La Ley 244 fue una herramienta creada para maximizar la protección de los menores en todos sus entornos.

La misma establece que todas las personas que tengan algún tipo de contacto con menores de edad deben solicitar en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) un certificado que garantice que la persona no es un ofensor sexual, al aplicar a cualquier plaza laboral en instituciones públicas y privadas.

El documento será expedido por el gabinete de archivos e identificación personal de la DIJ, cuya finalidad es la verificación de la existencia o no de condenas relacionadas con delitos contra la libertad e integridad sexual en sus diversas modalidades, tráfico de personas menores de edad y trata de personas, con fines de explotación sexual. 

Sin embargo, su implementación no se ha hecho efectiva al 100%, por lo cual, desde el Midem busca que se garantice la ejecución de este mecanismo de prevención.

Según explicó Martés, en la DIJ debe reposar una base de datos, cuyo acceso es de carácter restringido, en donde deben aparecer todas las personas que han sido condenadas por algún tipo de delitos sexuales.

La ley establece el mecanismo; prevé que debe haber una plataforma en donde la persona requirente hace la petición para que se certifique si la persona de quien se pide la información se encuentra registrada o no como agresor sexual”. — Ricky Martés - Abogado del Ministerio de la Mujer

La norma tiene un enfoque hacia la prevención, al impedir que personas con antecedentes relacionados a delitos sexuales accedan a entornos donde conviven con menores de edad, según señala el artículo 11 de la mencionada ley.

El documento de "no ofensor sexual" debe ser expedido por el gabinete de archivos e identificación personal de la DIJ, cuya finalidad es la verificación de la existencia o no de condenas relacionadas con delitos contra la libertad e integridad sexual en sus diversas modalidades, tráfico de personas menores de edad y trata de personas, con fines de explotación sexual.

Según se establece en la ley, el gabinete de archivos deberá contener la información de las personas mayores de edad condenadas o que cumplan condenas.

Dicha base de datos contendrá los siguientes datos de los ofensores sexuales:

• Nombre completo, apodo, fecha de nacimiento, nombre de los padres, lugar de nacimiento, número de cédula o pasaporte, domicilio, fotografías del rostro, peso, altura, detalle de cicatrices, tatuajes o lunares, huellas dactilares y un perfil genético.
• Además, también contendrá la sentencia condenatoria ejecutoriada en el caso y las resoluciones que emita el juez de cumplimiento.

Estos datos, según establece la ley, serán almacenados de manera electrónica, en los medios tecnológicos ya existentes. 

Martés detalló que la persona que ha sido condenada por delitos sexuales, permanecerá en el registro el doble del tiempo de la condena.

La norma de manera taxativa establece que se mantendrá visible hasta el doble del cumplimiento de la pena, si la persona fue sentenciada a 15 años, se debe mantener 30 años", afirmó.

Sanciones por incumplimiento

El abogado recalcó que la norma es de carácter general, y aplica en los casos de entidades públicas y empresas privadas.

El objetivo del Midem, explica el abogado, es que todas las áreas de recursos humanos implementen en sus dinámicas de reclutamiento laboral, la solicitud del certificado de no ofensor sexual, al igual que se pide el récord policivo, un requisito indispensable al momento de aplicar a una plaza laboral.

Toda empresa que se dedique a dar servicios a niños, niñas y adolescentes, deben garantizar que las personas que son parte de recursos humanos, brinden esa información, para garantizar la efectividad de resguardar y proteger a los menores de edad", señaló.

Si se diera el caso en que un menor resultara agredido por parte de una persona con antecedentes legales por delitos sexuales, tanto el empleador o servidor público que haya incumplido con esta normativa podrá ser sancionado con 5,000 hasta 10,000 dólares, además de sanciones penales o administrativas.

¿Sobre quiénes aplica?

Según establece el artículo 10, el certificado de no ofensor sexual deberá ser solicitado a:

• "Todo empleador, institución pública, organización sin fines de lucro que desarrolle programas, proyectos o actividades con niños y adolescentes, sean de naturaleza artística, cultural, religiosa, deportiva, recreacional o actividades relacionadas, centro de enseñanza oficial o particular, persona natural o jurídica legalmente constituida, cuya actividad comercial o laboral requiera o facilite el contacto habitual u ocasional con menores de edad, tendrá la obligación, previo al nombramiento o contratación de personal para ocupar algún tipo de empleo, cargo, oficio o profesión, de solicitar al aspirante que presente el Certificado de No Ofensor Sexual al que se refiere la presente Ley, a fin de corroborar o descartar su existencia en el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, como medida de prevención situacional del delito. Esa misma obligación tendrá la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre antes de conceder los cupos para buses colegiales y a sus conductores".

Hemos visto muchos casos que se dan con profesores y maestros que han abusado de su cargo, y han cometido delitos sexuales en perjuicio de sus estudiantes; entonces, con más razón ellos están dentro de la aplicación de la ley", subrayó el asesor legal.

Estadísticas

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) ha atendido unos 92 casos de abuso sexual, al cierre de junio 2024. Además, cuatro casos de menores víctimas de trata de personas y 215 por embarazo adolescente, en donde la mayoría de las veces suele ser producto de una violación sexual.

En tanto, las cifras del Ministerio Público reflejan un aumento de los delitos sexuales en contra de menores de edad.

En lo que va del año (hasta el 31 de julio de 2024), el Ministerio Público registró un total de 1,142 denuncias por acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años; en este solo hubo una disminución de 3% con respecto al mismo periodo de 2023, en el cual se registraron 1177.

En las denuncias por actos libidinosos se registró un aumento de 4%, siendo 623 denuncias en 2024 y 598 en 2023.

En tanto, el delito de corrupción de personas menores de edad registró una disminución de solo 10 casos con respecto al 2023, siendo 181 casos en 2024.

Las denuncias por pornografía infantil registraron aumentos consistentes, con 68 casos en 2024, 24 casos más que en 2023. 

Todas estas denuncias ascienden a un total de 2,005 casos en el Ministerio Público, y 311 en el Senniaf, todos relacionados a vulneraciones sexuales en contra de niñas y adolescentes.

Hasta el momento, el plan de la ministra Palacios es que se pueda ejecutar esta ley, por lo cual ha estado llevando a cabo reuniones con la DIJ. Al mismo tiempo, desde el Ministerio de la Mujer instan a los padres y tutores a exigir este certificado para brindar una mayor protección a los niños, una población cada vez más vulnerable a este tipo de amenazas.