Panamá: Delitos ambientales aumentan en 50% en tan solo 5 años

Entre 2017 y 2021 se registró un aumento de 50% en delitos ambientales según cifras de la Contraloría General de la República. De 314 delitos reportados en 2017 por los distintos distritos judiciales, la cifra creció año por año hasta llegar a acumular 471 delitos el año pasado, lo que se traduce en un aumento del 50% en tan solo cinco años.

En 2018, por ejemplo, se registraron 338 delitos, mientras que en 2019 fueron 377. En 2020 llegaron 429 delitos ambientales y en 2021 se anotaron 471 más al inventario.

Las provincias con mayor aumento de delitos ambientales entre 2020 y 2021 fueron Coclé, Colón, Darién, Chiriquí y Panamá. En contraste, las provincias que registraron menos delitos entre esos años fueron Bocas del Toro, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas. Las comarcas casi no reportan delitos ambientales según las cifras oficiales.

Raisa Banfield, arquitecta y ambientalista, dice que llama la atención la baja de delitos en Azuero y el incremento de los mismos en Darién, porque es cónsono con la migración de productores de Azuero a Darién y la ampliación de la frontera agrícola en esta última.

Los delitos ambientales son aquellas acciones que afectan negativamente la, flora, la fauna, los recursos minerales, los océanos y mares y las fuentes de agua dulce como ríos y lagos. En pocas palabras, es cualquier acto ilegal que dañe el ambiente.

Donaldo Sousa, presidente de la Asociación de Derecho Ambiental, dice que las cifras de delitos ambientales no reflejan todo el panorama, pero dan indicios del agravamiento del problema.

Sosa afirma que todos estos delitos ambientales registrados son los que realizan personas que talan árboles o que capturan ilegalmente animales en peligro de extinción. Sin embargo, sostiene que los delitos ambientales “de cuello blanco” y “alto perfil” no aparecen en estas estadísticas.

Como ejemplo, Sosa describe las más de 70 denuncias contra “criminales de alto perfil” que ha presentado ante las autoridades, entre ellas por obras que se inician sin contar con los estudios de impacto ambiental (EIA), o cuando las autoridades se hacen de la vista gorda en proyectos que tienen un EIA con categoría inferior a la que les aplica según la envergadura y el impacto de la obra, o cuando las autoridades aceptan un “plan de adecuamiento ambiental” en reemplazo de un EIA. Sosa también ha demandado a través de su organización una veintena de obras en el área canalera --cuya compatibilidad le corresponde entregar a la ACP-- que “afectan el ambiente directamente”.

Esos datos demuestran que hay datos y que son preocupantes sin embargo no son los reales especialmente para los de alto perfil. Esos delito no salen en las estadísticas”: Donaldo Sousa, presidente de la Asociación de Derecho Ambiental.

Por otro lado, para Raisa Banfield, arquitecta, ambientalista y ex vice-alcaldesa del distrito capital, los daños ambientales son mayores a los percibidos en la práctica. Entran también en el panorama otros factores que producen ese subregistro, entre los cuales la ex vice-alcaldesa lista el miedo a denunciar porque no hay certeza de castigo, la eliminación en el gobierno de Martinelli de los incentivos para denunciar delitos ambientales y la exclusión de lo que no parece delito pero que lo es, por ejemplo “un permiso mal dado, una aprobación de un EIA fraudulenta en donde registran una locación y no es esa”, entre otras cosas. “Justo aquellos delitos ambientales que están bajo alguna figura legal” son mucho mayores que los registrados.

Banfield también argumenta con un ejemplo: “todo lo que está pasando con los humedales y manglares en Panamá, partiendo del hecho de cómo se enajenaron esos manglares costeros que son por Constitución inajenables, entonces, cómo se legalizó el delito y se rellenó para desarrollo inmobiliario es un buen ejemplo de esto”.

Banfield también resalta la “urbanización dura, agresiva y salvaje” que está arrasando con sectores de la cuenca del Canal y de Panamá Norte; proyectos que se venden “con títulos verdes como la puerta del paraíso” pero que están alterando los ecosistemas mientras que están legitimados por “un proceso de aprobación que muchas veces, por su falta de fiscalización y control a carta cabal, convierten suelos y cuencas en zonas urbanas duras y eso obviamente no va a estar documentado en las estadísticas ambientales”.

Otro aspecto importante en el que coinciden Sosa y Banfield que causa un subregistro importante es la narrativa de renombrar los delitos como “incidentes, accidentes o incumplimientos”, narrativa que muchas veces nace en las oficinas de las transnacionales extractivas pero que terminan adoptando también los funcionarios y reguladores ambientales en sus informes.

En una propuesta de la Asamblea (el anteproyecto 254, del perredista Crispiano Adames), éste cifra en 352 mil hectáreas de bosques perdidos en los últimos dieciocho años.

También admite en la exposición de motivos del anteproyecto que “los instrumentos con los cuales disponemos para la lucha contra la agresión y la degradación del medio ambiental no son suficientes, oportunos, ni efectivos, a pesar del ingente esfuerzo desplegado por las autoridades”.

En la propuesta legislativa se incorporan nuevas modalidades delictivas y penas accesorias y reformas puntales que promuevan “la certeza de castigo”. El proyecto fue aprobado en primer debate en marzo de 2021, pero en febrero de 2022, casualmente días después de que el gobierno de Cortizo anunciara que había culminado las negociaciones para un nuevo contrato –desconocido para el público– con Minera Panamá, el proyecto de ley que arreciaba las penas para delitos ambientales fue devuelto a primer debate, donde todavía reposa.