Deforestación y falta de ordenamiento: ¿Fueron causantes de la tragedia en Chiriquí?

Ciudad de Panamá/Los moradores del distrito de Tierras Altas no dudan en apuntar a la deforestación y a las prácticas productivas inadecuadas que existen en el Parque Nacional Volcán de Barú como una de las causas que provocaron las inundaciones y derrumbes de tierra que se registraron el pasado 4 de noviembre en diferentes puntos de la provincia de Chiriquí, las cuales todavía mantienen a representantes de varias entidades del Estado en labores de rescate y reconstrucción.

Uno de estos lugareños es Gonzalo Efraín Aizpurúa, un guía turístico de 60 años de edad, que describió lo ocurrido como “inverosímil” y no dudo en relacionarlo con la devastación de los bosques y la mala administración de la tierra de cultivo.

Aizpurúa, nacido en el lugar, explicó que desde la década de 1960 a esta parte, ha vivido cuatro inundaciones, “pero nunca como este desastre”. “La naturaleza tenía furia”, dijo, al tiempo que

advirtió que lo principal fueron las lluvias que trajo el huracán Eta, pero reiteró que es cierto que hay mucha deforestación en el lugar, porque donde siembran, le quitaron toda la vegetación y ante la falta de la esponja natural que forman los árboles, el agua cayó sobre el suelo libremente.

Añadió que esta devastación comenzó en la década de 1960 y aunque existen instituciones que puedan frenarla no se explica porqué no lo hicieron o lo hacen.

El director de la Fundación Desarrollo Integral Comunitario y de Conservación de Ecosistemas en

Panamá, David Samudio, es otra de las personas que consideran que a lo largo de estos años, las

entidades creadas para proteger el ambiente no trabajaron en hacer un ordenamiento sobre la

utilización de los terrenos de cultivo.

En ese sentido, Samudio indicó que en el área oeste del volcán Barú las fincas agrícolas están

ubicadas hasta los 2 mil 700 metros de altura. Contó que en este lugar es donde se generó la mayor cantidad de agua de escorrentía, sumadas a las generadas en los límites de la cuenca hidrográfica del río Chiriquí Viejo en la parte alta del volcán Barú, que terminó arrastrándose hacia las zonas de población, con los resultados conocidos.

Para Samudio la solución a esta situación no está en el retiro de los agricultores de sus áreas de

producción, porque ya están en el lugar y de su actividad dependen ellos y la población en general

que consume sus productos.

Añadió que lo que piden es la intervención de los gobernantes, porque por el costo son los únicos

que pueden establecer un programa de manejo de uso de suelo y de las aguas de escorrentías. Un trabajo que debe contemplar hasta la posibilidad de construir obras civiles para conducir estas aguas en tuberías y así evitar que el destino de las aguas que salen de las áreas de producción vayan a la deriva sobre las laderas, arrastrando todo lo que encuentren a su paso.

Según Samudio, de tomarse una decisión, los productores no tendrían otra alternativa para seguir con la cosecha de sus cultivos que acatar los requerimientos del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, los cuales serían los responsables de establecer de forma obligatoria el plan de

manejo de suelo y agua de escorrentía.

Para el experto esto no se ha hecho, a pesar de que desde finales de la década de 1970 existen estudios que revelan se perdían de forma alarmante, unas 200 toneladas hectáreas, por año y se pedía el establecimiento del plan de manejo de suelo.

En ese momento, la recomendación la realizó una misión francesa liderada por el doctor Remi Oster que estudiaba la degradación del suelo por los efectos generados por las prácticas productivas, pero posteriormente en la década de los 90, la organización privada Conservación Internacional realizó un análisis sobre la degradación y expansión de la frontera agrícola y llegaron a la misma conclusión: Debe existir un plan de manejo de suelo amigable con la producción.

Sin embargo, pasó el tiempo y desde el nivel oficial no se hizo nada y las consecuencias se vieron el

pasado 4 de noviembre con los daños que provocó Eta.

Deforestación

De hecho, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) realizó un análisis sobre la pérdida de bosques en el Parque Internacional La Amistad en el período comprendido entre el 2012-2019 y detalló que las áreas con mayor deforestación son Nance de Riscó (743.04 hectáreas), el Teribe (309.18 hectáreas ), Valle de Riscó (151.84 hectáreas), Las Delicias (83.69 hectáreas) y Cerro Punta (40.99 hectáreas). La pérdida anual de bosques en este sitio protegido fue de 190.55 hectáreas, según el documento.

El informe que formó parte de un comunicado que publicó Mi Ambiente el pasado 6 de octubre también detalló que el parque Nacional Volcán Barú, otra reserva ecológica, perdió en este mismo periodo 702.25 hectáreas. La pérdida anual es de 100.32 hectáreas. El corregimiento de Cerro Punta el que más devastación de sus bosques evidencia con 49.10 hectáreas, sigue Boquete y Volcán Cabecera, respectivamente con este periodo.

Vea el informe completo aquí

La especialista y consultora ambiental, Alida Spadafora, expresó que esta parte del país necesita que se aborden las diferentes etapas y niveles en la gestión del riesgo para evitar daños futuros, como consecuencia de un evento de la naturaleza, física o del quehacer humano.

Posteriormente, indicó la ambientalista, hay que evaluar la vulnerabilidad de la población y los activos que están expuestos a estas amenazas, o en otras palabras la susceptibilidad al daño, lo que dará finalmente como producto el riesgo, que puede ser medido en pérdidas de vidas, impactos en los bienes e infraestructura, medios de vida, la salud, o en los servicios básicos.

Agregó que con esta información se puede reducir el riesgo existente a través de medidas de mitigación, por ejemplo, con el reforzamiento de infraestructuras críticas, con defensas para las inundaciones, entre otras.

Para Spadafora se puede evitar un daño futuro, con acciones para generar inversiones resilientes,

a través de una ordenación del territorio sensible al peligro, o prepararse para responder mejor cuando el desastre se presenta.

La consultora ambiental expresó que se organizar el territorio según su potencial, pero incluyendo como un criterio también las áreas expuestas a riesgo de desastres, ya sea por inundaciones, terremotos u otros eventos naturales, lo que se traducirá en planes de ordenamiento territorial de una comunidad, región, o país con reglas muy claras sobre qué áreas pueden destinarse o no para un uso particular.

Añadió que se debe regular y hacer cumplir las normas sobre el manejo de las áreas boscosas y de las cuencas, incluyendo los bosques de galería para permitir la permeabilidad de los suelos.

“Los bosques evitan que aumente la escorrentía y que se puedan producir inundaciones con arrastre de sedimentos y todo lo que puede arrastrar el agua”. En ese aspecto, detalló que la tala de los árboles es particularmente un factor que exacerba el impacto de las altas precipitaciones que al encontrar un suelo desnudo produce alta sedimentación, deslizamientos o hundimiento del suelo.