El déficit fiscal: retos y soluciones
Economía en Panamá
Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá no ha sido el único país que ha tenido que recurrir a un aumento sustancial de la deuda pública para mantener su Estado operativo luego de la pandemia del covid-19. De hecho, ha sido el caso para la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, muchos de los cuales no tenían colchón fiscal alguno con el cual enfrentar la crisis sanitaria.
Y ahora, en gran parte de la región, varios países que antes de la pandemia estaban experimentando una desaceleración en cuanto a su crecimiento económico, como Panamá, hoy día enfrentan un creciente nivel de desempleo e informalidad, además de un déficit fiscal que pone en riesgo su estabilidad crediticia, tan necesaria para financiar sus políticas de bienestar de cara a tal desaceleración.
El Banco Mundial, una de las principales entidades financieras internacionales, ha sonado la alerta en cuanto a esta realidad preocupante a través de un reporte reciente, comenzando a dar visibilidad a la suerte común que están enfrentando los países de la región, y cómo podrían hacer para evitar que empeore.
Tal es el caso de Panamá, cuyo Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) calculó que fue necesario elevar el límite del déficit fiscal hasta el 10.5% del producto interno bruto (PIB) en 2020 para enfrentar la pandemia. Para referencia, cada punto porcentual equivale a alrededor de $600 millones.
Por su lado, la casa calificadora Fitch Ratings calcula que, hacia el cierre de este año, el déficit fiscal será de 5.2%. Y el MEF proyecta un regreso al límite base de 1.5% para el año 2025. La pregunta es: ¿cómo?
Situaciones comunes, destinos similares
La región de América Latina y el Caribe sufrió un severo impacto con la pandemia del covid-19, reportando una tasa de mortalidad por la enfermedad alrededor de dos veces la cuantía del promedio global, únicamente superada por Europa central y Asia central. Y lo más probable es que estos números no reflejan la realidad total debido a casos de sub-reporte en Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Venezuela.
Y el daño no acabó allí. “Las cicatrices a largo plazo de la pandemia en términos educativos y sanitarios han plantado de forma profunda semillas de futura desigualdad,” apunta el Banco. La entidad indica que 170 millones de estudiantes en la región han pasado más de la mitad de sus períodos escolares fuera del sistema educativo. Esta realidad, según cálculos de las Naciones Unidas, causará una reducción del 10% en el monto total de sus ingresos proyectados para el resto de sus vidas.
En respuesta a la crisis, las naciones de la región optaron por ampliar su déficit fiscal, pero está política ha comenzado a verse complicada por un fuerte episodio internacional de inflación. Tal fenómeno causa la necesidad de más deuda para mantener sus programas financiados por déficit, a la par que se ve un aumento en el costo de esa deuda, debido a la respuesta monetaria de los bancos centrales.
La inflación también tendría el efecto desfavorable de reducir el valor de las pensiones públicas. “Numerosos países en la región no tienen mecanismos automáticos de ajuste de precios. Por lo tanto, altas tasas de inflación pueden tener súbitos y grandes impactos en los ingresos de la población vulnerable de los recién jubilados”.
El resultado de todo esto: la caída en arena movediza económica, donde los países de la región reportan tasas positivas de crecimiento, pero no suficientes para escapar de una espiral de deuda en aumento, restaurar el nivel de empleo mediante el estímulo económico y reducir su dependencia del crédito internacional. Al fondo del pozo de arena estarían países como Argentina, con problemas estructurales de deuda que tomarán décadas en resolver, mermando la prosperidad de sus habitantes.
A pesar que algunas naciones de la región, en particular los grandes exportadores —Argentina misma, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú— se han beneficiado de un aumento general de sus productos, se espera que este aumento favorable pierda fuerza el próximo año, estancando a estos países.
Y se complica aún más. “Ingresos gubernamentales en caída y los esfuerzos paliativos extraordinarios para proteger a las familias y firmas durante la pandemia del covid-19 han llevado a un alto déficit regional y una deuda pública ampliada,” explica el Banco.
“La proporción de deuda pública a PIB de la región aumentó agudamente durante la pandemia por 15 puntos porcentuales a 75.4% del PIB total a septiembre de 2021. Aunque este porcentaje ha caído a 70% del PIB durante la recuperación, continuará actuando como un freno para las grandes inversiones en empresas y los esfuerzos de mejoría de productividad”.
No obstante, los recursos inmensos de América Latina y el Caribe, el potencial de retorno de la capacitación de su mano de obra y la innovación en sus procesos económicos, ofrecen grandes oportunidades, si tan solo fueran aprovechadas. Por esto, el Banco Mundial retiene un “optimismo cauto” sobre la región.
Las recomendaciones del Banco
Cerrar un déficit fiscal solo puede suceder en una de tres formas: o se reduce el gasto, o se incrementa el ingreso, o ambos.
Para iniciar el debate, el Banco Mundial ha hecho un catálogo de opciones para consideración de los países de América Latina y el Caribe.
Aumentar los ingresos no es fácil y la experiencia de países con mayor desarrollo económico parece indicar que los efectos negativos a la economía, asociados con un alza de impuesto, “son altos”. No obstante, el Banco considera que hay dos avenidas mediante las cuales se puede avanzar un incremento de ingresos: el impuesto al valor agregado, o Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) en Panamá, y el impuesto sobre la renta.
Sobre éste último, el Banco Mundial indica que mientras que en Estados Unidos, 80% de los ciudadanos paga impuesto sobre sus ingresos, en América Latina y el Caribe este número es de 20% de los ciudadanos, concentrando el peso de este tributo en un grupo reducido. Debido a esta concentración, cualquier subida a este impuesto tendría un impacto negativo con el doble de fuerza que tendría si ocurriera en Estados Unidos.
Como solución al acertijo, el Banco Mundial imagina cómo cortar el nudo gordiano: que los países de la región adopten, de hecho, una reducción a la tasa del impuesto sobre la renta, a la par que hacen más eficiente los sistemas de tributo, incentivando su pago, para así incrementar la recaudación.
El lado de reducir los costos puede ser más sencillo: el Banco Mundial calcula que tan solo con una mejoría en los procesos de contratación pública, la profesionalización del recurso humano del Estado y un mayor enfoque para los subsidios públicos, “en alrededor de la mitad de los países de la región […] sería más que suficiente para cubrir su déficit fiscal, mientras que en los otros permitiría una sustancial reducción”.
Tal mejoría en la eficiencia y eficacia del gasto público tendría un doble efecto positivo ya que “el malgasto gubernamental está asociado con una falta de confianza en los gobiernos y con una percepción de corrupción. América Latina y el Caribe es la región con los niveles más bajos de confianza en sus gobiernos en el mundo [y] hacer ajustes fiscales mejorando la eficiencia del gasto puede servir [para] restablecer la confianza social en los gobiernos”.
Lo que sí no deben hacer los Estados, según el Banco, es recortar las inversiones públicas. “Alrededor de 40% de los ajustes fiscales en América Latina y el Caribe vienen de la reducción de la inversión pública. Dado que estas inversiones no generan retornos sino en el futuro —a mediano y largo plazo— tales inversiones tienen un respaldo difuso. Por eso, tales recortes vienen acompañados de poca resistencia,” establece la entidad financiera.
“No obstante, igual que como los impuestos, el gasto público tiene efectos no-lineales sobre el crecimiento. Más allá, América Latina y el Caribe ya tiene niveles muy bajos de inversión pública —alrededor de la mitad que aquellos en Asia del este y África sub-sahariana. Debido a todo esto, reducciones adicionales podrían de hecho tener impactos negativos muy grandes”.
Con todo esto bajo consideración, los países de la región tendrán que adoptar una mezcla de recomendaciones como éstas si desean evitar caer en un pozo de deuda que limite su soberanía nacional de cara a acreedores internacionales. Y sea la ruta que elijan, deberán emprender el camino pronto.