La decisión sobre una ley contra delitos sexuales que causó 'malestar'

Ciudad de Panamá, Panamá/Varias abogadas, activistas y defensoras de derechos humanos se enteraron por los medios de comunicación de la creación de una subcomisión dirigida por la Diputada Corina Cano para debatir diferentes propuestas en torno a la modificación del Código Penal y el Código Procesal Penal para delitos contra la vida e integridad sexual. Una exclusión que ven “con asombro y profundo malestar”.

Y es que el grupo de abogadas y activistas es justo el proponente de uno de los anteproyectos: el 365, que fue acogido por el diputado Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, el pasado mes de agosto cuando la propuesta llegó a esa instancia vía participación ciudadana.

Las propuestas en el Anteproyecto 365 van encaminadas a los delitos contra la vida y la integridad sexual específicamente cuando la víctima es menor de edad, definir de forma clara las causas y agravantes de los delitos de violación, actos libidinosos, acoso, hostigamiento, discriminación y acecho, y aumento de pena, eliminación de la posibilidad de acuerdos de pena para estos delitos, entre otras cosas.

En una misiva dirigida al diputado Leando Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno, varias organizaciones acusan a la diputada Corina Cano, miembro de la Comisión de la Mujer en la Asamblea, de impedir, negar y no convocar a ninguna de las organizaciones que propusieron la iniciativa legal, lo que “impide el debate, intercambio de propuestas y aportes que garanticen la protección de las víctimas” en las reformas que se harían. “Esto refleja el sectarismo en la participación”, acotaron.

Entre las organizaciones firmantes de la carta a la Asamblea se encuentran el Espacio Encuentro de Mujeres (EEM), Fundación Clara González para Estudios Jurídico-Sociales y apoyo integral a sobrevivientes de violencia (Claresas), Unión Nacional de Mujeres Panameñas (Unamup), Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUIP), Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU), Comisión de Asuntos de la Mujer del CNA, Fundagénero, Isodes, Comité de Latinoamérica y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer (CLADEM), Coalición por educación sexual integral, Asociación Panameña para el planeamiento de la familia (APLAFA), EPICA, Centro de estudios y capacitación familiar (CEFA), Fundación Kaizen, Alianza de mujeres de Panamá, Juventudes Revolucionarias, Voces de Mujeres Afrodesencientes en Panamá, activistas, feministas y abogadas.

Allí también pidieron ser incluidas en un debate y análisis jurídico, técnico y legal y evitar someter el debate “a los caprichos e intereses de la Diputada”, en referencia a Cano, quien en varias ocasiones ha defendido abiertamente sus posturas conservadoras, algunas de ellas que incluso han sido cuestionadas por sectores que defienden los derechos humanos.

En otra misiva dirigida al presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, las gremialistas y activistas pidieron que se devuelva a primer debate el proyecto de ley 593 a la Comisión de Gobierno, para hacer consultas más amplias porque “impactan derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes", reiterando que no fueron convocadas.

Hay varias propuestas de ley para modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal relacionados a estos delitos, “esfuerzos que deben debatirse ampliamente con todos los sectores para garantizar una ley que asegure los mecanismos de protección judicial a las víctimas…que haya suma de voluntades de todos los actores involucrados” dijo a este medio la jurista Dayana Bernal, presidenta de la Comisión de la Mujer del Colegio Nacional de Abogados.

En cuanto al proyecto de ley 593, el mismo fue presentado por el Ejecutivo y se encuentra en segundo debate desde abril. Esta iniciativa no contempla aumento de penas para delitos contra la vida y la integridad sexual, pero sí contiene otras modificaciones en esa línea.

Sobre el aumento de penas, Bernal explicó que hay amplio consenso en las iniciativas presentadas para aumentar las penas por delitos como violación, violación agravada, acoso, hostigamiento, actos libidinosos, entre otros. Sin embargo, el anteproyecto que presentaron no apunta al aumento para todos los delitos contra la vida, que incluiría también el aborto provocado por ejemplo. La postura que ha imperado en la Asamblea y que Bernal ha escuchado incluso de algunos fiscales, es que si se aumentan las penas, debe hacerse para todos los delitos, incluyendo el aborto provocado, algo con lo que ella no está de acuerdo. “Allí está la astucia de uno que otro diputado de que eso pueda darse”, comentó.

Incluso, agregó Bernal, hay sectores que han propuesto cadena perpetua para estos delitos. Piensa que “el derecho penal no debería conducirse a este tipo de castigos”, porque esto tampoco garantiza la reparación total a la víctima. En cuanto a los acuerdos de pena, la jurista los criticó duramente para estos delitos porque “nos alejamos de la óptica de la víctima, de cómo incide ese acuerdo de pena en su vida”. Recordó que un acuerdo de pena por actos libidinosos, por ejemplo, puede tener una pena de 1 a tres años, “lo que sabemos es conmutable por días multa, trabajo comunitario e incluso una amonestación verbal”.

Mónica Benson, otra abogada participante en la propuesta, dio cuenta de un patrón repetitivo de cercenar la participación ciudadana y el debate amplio en la Asamblea. “Si les gusta la postura del grupo entonces los convocan, si esa postura va en contra de la suya, entonces no”, indicó en cuanto a la invitación desde la sub-comisión que dirige la diputada Cano a grupos que se autodenominan “pro-familia” y “pro-vida”. Buscan grupos que refuercen sus posturas y sus intereses (de los diputados), expuso.

Otro punto que juega en contra del amplio debate es la postura que adoptan algunos diputados de escuchar lo que piensan, o dicen o afecta a las mayorías. De acuerdo a Benson, el derecho debe garantizarle también a las minorías –a los que no piensan como nosotros- la justicia, de lo contrario “nacería otra ley que lesiona desde su inicio”.

La jurista calificó la participación selectiva como antidemocrática, cuando “se decide discriminar a un grupo o cuando se invita solo a quien tiene afinidad en otros temas con la postura dominante entre diputados de la Asamblea". Por otro lado, dice que es incongruente con el concepto de participación ciudadana el excluir a los proponentes de una de las iniciativas de la discusión de la ley. “Podemos sentir que no se escuchan argumentos que pueden devenir en lesión de derechos posteriormente…nos manda un mal mensaje”, advirtió.