Cuestionan que el presupuesto del Estado es un 'pastel' que se reparte con poca fiscalización

El presupuesto anual del gobierno, o el pastel, como le llaman en la jerga política, se ha convertido en un botín, afirma Olga de Obaldía, directora de la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. Y es que “cada partido que se ha sucedido en el poder usa las mismas estructuras opacas para manejar el presupuesto y la planilla como un botín de reparto de beneficios a copartidarios”, zanjó en una entrevista con este medio sobre transparencia presupuestaria.

Esa “repartición del pastel” tiene particularidades únicas en Panamá. Para empezar, la ley presupuestaria, la que de Obaldía califica como “de la época de los dinosaurios”, no considera la participación ciudadana en ningún eslabón del proceso. Y por otro lado está la poca transparencia en la confección, ejecución y fiscalización del presupuesto.

De acuerdo con Ana Carolina Rodríguez, abogada y coordinadora del programa de Presupuesto Abierto de TI Panamá, la obligación del gobierno es hacer la información presupuestaria más accesible, presentarla en formato de datos abiertos y que sea sencilla de entender, para que entonces los ciudadanos puedan ejercer su rol de fiscalización y poder hacer sus aportes en alguna medida y controlar a dónde se gastan sus recursos.

Sin embargo, según la jurista, ese rol fiscalizador es imposible por la opacidad que envuelve al presupuesto desde su elaboración, que es manejado como información confidencial. “Nadie tiene acceso a ver cómo se realiza, como se asignan los renglones, cómo se sustentan. Nadie puede participar, nos enteramos es cuando sale en Gaceta ese mamotreto. Lo único que sabemos es que desde marzo están trabajando eso en las instituciones alguien de la institución con su contraparte del MEF. Ese proceso no es transparente ni público”, indicó.

Como resultado de estas disfuncionalidades, al no tener la información real de cómo y en qué se gasta el presupuesto, “al final todos tienen ese mecanismo perverso, clientelar, distorsionador del cambio de partidas que se hace a través de negociaciones secretas con los diputados donde estos son los que terminan aprobando los cambios de partida siempre a cambio de algo -según entiendo- no necesariamente a favor de las necesidades presentadas en las comunidades”, explicó la directora de TI.

No hace mucho el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado perredista Benicio Robinson acusó en una sesión al Ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander de “querer cogobernar” al pedir el sustento de las partidas a las entidades antes de aprobar los desembolsos, algo que según el diputado perredista, “no está dentro de las funciones del MEF”, y que de paso le complica la aprobación expedita de los traslados de partida que allí van a solicitarle las instituciones.

En esa línea, el abogado Roberto Ruiz Díaz, quien interpuso la revocatoria de mandato contra el alcalde capitalino, también le dedicó unas palabras al diputado Robinson en sus redes tras la protesta por “querer cogobernar” que espetó en contra del MEF.

En un video que publicó hace unos días le recordó al perredista que el artículo 24 de la Ley 22 establece que cada contrato que comprometa alguna entidad pública debe tener una partida presupuestaria asignada. “Aquí la cosa no es licitar sin tener partida y después busco cómo la consigo yendo a la Comisión de Presupuesto a pedir traslado de partida”, criticó, concluyendo con un “aquí el único que está cogobernando es él”.

Para de Obaldía, lo grave de que el diputado Robinson hable de cogobernar es que es un planteamiento “en contra de la separación de poderes y de la estructura misma de la república democrática”, una actitud que le recuerda la postura del presidente 2009-2014 (Martinelli), quien decía que él no iba a obedecer ninguna de las instancias formales de participación ciudadana, porque él se había ganado las elecciones y no tenía que cogobernar con nadie.

El MEF no contestó a una solicitud de entrevista para este tema, pero una fuente relacionada a la institución que habló bajo reserva de su nombre, rechazó la acusación de Robinson en la Asamblea: "El ministro del Mef “no tiene la capacidad legal ni interés de hacer eso”, dijo.

Asimismo, la fuente calificó al MEF como una “entidad pagadora”, que “no establece los parámetros de los contratos de inversión ya que éstos están en manos de cada ministerio y se hacen través de contratos Ley (…) el MEF verifica que existan los fondos para ejecutar las obras con los pagos a contratistas y el pago de deuda ya comprometida”.

Justo el pago de la deuda, según la fuente, es el papel crucial del MEF: asegurar que existan los fondos suficientes para hacer frente a los pagos de corto, mediano y largo plazo del Estado, tanto del gasto interno como del externo. Todo esto para garantizar la continuidad del grado de inversión soberano, que es “una de las cosas más importantes que tiene el país”.

Es el grado de inversión que tanto cuida el MEF el que facilita la emisión de deuda soberana, algo que también carece de participación ciudadana y control social.

Prueba de ello es la enorme evolución que ha tenido la deuda pública en los últimos años, siendo en este gobierno PRD, y bajo el mandato de Alexander en el MEF, cuando el país ha disparado la deuda pública del 40% al 67% en proporción del Producto Interno Bruto (PIB) en tan solo tres años de gestión. Lo más impresionante es que la deuda contraída se diluye año con año en gastos de planilla, aumento de contratos y pago de deuda vieja, dejando poco espacio para nuevos proyectos.

El gobierno de Cortizo encontró, según la fuente cercana al MEF que pidió reserva de su nombre, más de 4,800 millones de dólares en deuda interna no pagada. “Eso lo hacía Martinelli y Varela”, refiriéndose a los proyectos llave en mano y a las licitaciones de proyectos que adjudicaron sin contar con el financiamiento amarrado para ellos; y “eso es lo que Alexander no va a hacer”. Sin embargo, aunque el gobierno anunció en un inicio que no entregaría proyectos llave en mano, eventualmente el Ministerio de Obras Públicas indicó que sí utilizaría esa modalidad con “mejor control”.

Presupuesto abierto

El presupuesto abierto son buenas prácticas que implementan los países en cuanto a participación ciudadana, apertura, de formación ciudad, de consulta a las poblaciones acerca de sus necesidades, explica Rodríguez.

Panamá no es parte de la encuesta de Presupuesto Abierto del Open Budget Partnership, que mide la transparencia presupuestaria en más de 120 países en el mundo. Aunque esta administración se comprometió con publicar los ocho documentos guía de presupuesto abierto, de los cuales ya ha publicado dos.

Esta adhesión ha sido recomendada desde hace una década por entidades multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional e incluso por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La próxima encuesta de presupuesto abierto será en 2024 y Panamá aún no ha confirmado su participación.