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Panamá/El Fondo Monetario Internacional ya publicó su perspectiva global económica, definiendo el momento presente como una crisis del costo de la vida. La línea inicial: “se acercan las nubes de tormenta”.
Las nubes son conocidas: la invasión rusa de Ucrania, la inflación y la desaceleración económica de China.
La turbulencia no se ha tornado en una caída libre, pero ya no se puede ignorar. Se espera que el año cierre con un crecimiento económico global de cerca del 3% para luego caer cerca del 2% el próximo año. Durante la primera década del siglo, el crecimiento rondaba el 4% y era cerca del 6% a mediados del siglo pasado.
La región también enfrenta un problema colectivo, con el Fondo prediciendo una disminución del crecimiento general de América Central de 4.7% a 3.6%.
Y los agregados a veces ocultan disparidades fuertes. A pesar de la tasa global positiva, un tercio de las economías del mundo verán una contracción de su producto interno bruto (PIB). Dice el reporte: “lo peor está por venir”.
El riesgo está distribuido a lo largo del mundo. En Europa, por ejemplo, lo peor será el próximo invierno boreal, el cual los ciudadanos europeos deberán enfrentar con precios de gas —utilizado para cocinar y calentarse— que se han cuadruplicado desde el último año.
En Asia, el riesgo es otro: los constantes confinamientos en la República Popular de China, operados bajo la política de cero COVID, según el reporte, “han tenido su impacto sobre la economía, especialmente en el segundo trimestre de 2022 […] con el sector inmobiliario, que representa un quinto de la actividad económica de China [,] rápidamente desacelerándose”.
La consecuencia: “Dado el tamaño de China y su importancia para las cadenas internacionales de suministros, [su desaceleración] pesará fuertemente sobre el comercio y la actividad global,” afectando también a sus pares asiáticos.
Dice el Fondo que, para nosotros, “las decisiones de políticas públicas necesarias para enfrentar la crisis del costo de la vida son agudamente retadoras”. Un ejemplo local es la situación de la Caja de Seguro Social, que podría minar el crédito panameño en los mercados globales, con representantes del Gobierno Nacional admitiendo que no cuentan con el capital político necesario para desarrollar tales decisiones.
Y sobre todo esto, pesa el delicado acto de balance que intentan hacer los bancos centrales en América, Europa y Asia, arriesgando por un lado contener demasiado el flujo monetario, “empujando al mundo a una recesión innecesariamente cruel”, y por el otro, no restringiéndolo suficiente, “atrincherando el proceso de inflación”.
“No temblar,” pide el Fondo Monetario Internacional a quienes tienen sus manos en los timones del mundo. En particular: “los bancos centrales deben mantener una mano estable con su política monetaria bajo el enfoque de domesticar la inflación”.
Pero Panamá no tiene banco central. ¿Qué hacer entonces?
Dice el Fondo: “Primero, […] es tiempo de reconstruir las amortiguaciones fiscales,” término que significa muchas cosas, entre ellas, la contención del déficit fiscal y la creación de reservas financieras, como el Fondo de Ahorro de Panamá. “La pandemia vívidamente ilustró que el espacio fiscal es esencial para enfrentar las crisis. Los países con más cabida fiscal fueron los que mejor pudieron proteger a sus hogares y negocios”.
Hasta el momento, en Panamá, parte de la política económica del país ha sido la expansión del déficit fiscal para mantener pagos mensuales a la planilla pública que rondan los $400 millones.
También advierte la entidad internacional: “las señales de precio son esenciales para contener la demanda y estimular la oferta. Los controles de precio, los subsidios sin objetivos claros y la prohibición de exportaciones son fiscalmente costosos y generan un exceso de demanda, reducen la oferta, causan la asignación equivocada de los recursos y generan mercados ilícitos”. Quedan dudas aún si siquiera tener una política monetaria centralizada no causa algunos de estos mismos efectos.
En Panamá, a diferencia, el Gobierno Nacional acordó, aunque aún no ha implementado totalmente, una serie de mandatos legales que restringirán, en algunos casos el precio, en otros, los márgenes de comercialización, interviniendo en varios de los principales sectores comerciales del país, entre ellos, los medicamentos y los alimentos. Tal intervención llevó en el corto plazo al cierre de las farmacias pequeñas a lo largo de todo el país.
También agrega el Fondo: “la crisis de energía […] no es un shock transitorio”. Por esto, los países deben comenzar a prepararse para enfrentar mayores costos energéticos. Aunque Panamá tiene una alta representación de energía renovable en su portafolio energético —debido a la notable cantidad de hidroeléctricas en el país— su exposición al costo internacional de la energía es aún tal, que la subida del precio del combustible llevó a una fuerte desestabilización social.
Si todo lo anterior tiene que ver con contención y mitigación, ¿qué se puede hacer por el lado de prevención y superación?
Indica el Fondo: “La política fiscal puede ayudar a las economías a adaptarse a un contexto más volátil, para levantarse después de enfrentar la adversidad, invirtiendo en expandir la capacidad productiva: capital humano, digitalización, energía verde y la diversificación de la matriz energética”.
En el caso de Panamá, el Gobierno Nacional se comprometió a elevar el gasto público en educación a 6% del PIB en los próximos dos años, cuando hoy día equivale a 4.9% del PIB, según cifras de la base de datos El Tabulario. Para lograr esto, el Gobierno Nacional deberá obtener financiamiento adicional por más de mil millones durante ese periodo de tiempo: alrededor de $320 millones el próximo año y alrededor de $640 millones el año posterior.
Ante todo, este panorama, Panamá tiene un factor que le diferencia de muchos otros países, y es que su moneda de curso legal es el dólar estadounidense. El fortalecimiento relativo de esta moneda favorecerá a sus ciudadanos —siempre y cuando tengan dólares. Una posible desventaja es que tal fortalecimiento también hará más difícil un aumento salarial general, tema que había cobrado fuerza posterior a la pandemia del COVID-19.
El aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que está propiciando tal fortalecimiento del dólar, también hace más difícil a nivel local financiar la operación del Estado mediante la deuda pública, la cual asciende ya a $43,500 millones y cuyo servicio ha costado, en el año corriente, $3 mil millones, equivalente al presupuesto anual del Ministerio de Educación y aquel del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, juntos.
No obstante, todo lo anterior, quizás sí hay una luz en el mediano plazo. La tasa de crecimiento real del PIB de Panamá rondaba el 5% a mediados de la década pasada. Para el 2018, ya se había desacelerado a 3%, para luego contraerse por 18% durante la pandemia. El Fondo proyecta que luego de pasar la turbulencia en 2023, es posible que los fundamentos macroeconómicos del país permitan que el mismo regrese a una tasa de crecimiento de 4.5% cerca del 2027.
Pero por ahora, todo parece indicar que el Fondo Monetario Internacional ha encendido la señal de ponerse el cinturón de seguridad.