Créditos fiscales turísticos: 'un drenaje de fondos públicos'

La saga de los créditos fiscales turísticos no termina. Y es que el presidente Laurentino Cortizo tiene en su escritorio el proyecto de ley 789 enviado por la Asamblea para su sanción.

De estampar su firma en la ley, el presidente se ratificaría como el precursor de toda una nueva lógica e inédito alcance del término “incentivo”. También consolidaría un nuevo “club de privilegiados” en palabras del abogado Ramón Ricardo Arias, quien demandó ante la Corte la Ley 122, madre del proyecto que la modifica –el 789–, siendo ésta última la que espera la sanción de Cortizo. Con esta nueva ley 789 es que el Ejecutivo sorteó la demanda de inconstitucionalidad que pesa sobre la Ley 122.

Son seis las empresas que podrán vender sus instrumentos financieros (bonos, cuotas de participación, acciones, entre otros) y cuyos compradores recibirán hasta el 100% de la inversión como crédito fiscal a pesar de que la modificación a la ley original (la 122) bajó tal “incentivo” al 60%. Pero por esas cosas extrañas y predecibles que pasan en la Asamblea, los diputados introdujeron un parágrafo que mantenía el 100% de créditos fiscales a las empresas que ya iniciaron el trámite con base en la Ley 122.

Las seis empresas que iniciaron el trámite de créditos fiscales son: DB Hotel & Residence, Inmobiliaria Palma Bonita, Ocean Hills Pearl Island, Playa Escondida Beach Front, Fideicomiso de Fomento Turístico e Inv. Chiricanas de Hotelería. El total de créditos fiscales tramitados hasta ahora suman 466,605 millones de dólares según un documento al que tuvo acceso este medio.

Distintos medios locales revelaron algunas conexiones entre las empresas y el gobierno actual. TVN-2.com confirmó independientemente esas conexiones y además encontró nuevos detalles. DB Hotel –inscrita en diciembre de 2020– y Ocean Hills pertenecen al grupo Eleta, cuyo representante más visible es Guillermo de Saint Malo Eleta, miembro del Frente Empresarial del PRD; mientras que Inmobiliaria Playa Bonita es propiedad de Empresas Bern que supuestamente fue donante de campaña del actual gobierno.

En cuanto a Playa Escondida Beach Front, aunque aparece como presidente y director el comentarista boxístico Juan Carlos Tapia, la emisión de los bonos refleja como propietarios a Grupo Los Pueblos, del veterano empresario y también perredista, Alfredo ‘Mello’ Alemán.

Por otro lado, las dos otras empresas beneficiadas con la ley, Gestora de Fomento Turístico S.A. –fideicomitente del Fideicomiso de Fomento Turístico– e Inversiones Chiricanas de Hotelería tienen como presidente y director a Alfonso Naranjo, cuñado del actual director de la Autoridad de Turismo, Iván Eskildsen. Una nueva ley de conflicto de intereses, la única de un paquete de leyes anticorrupción aprobada recientemente en la Asamblea, también está en el pupitre del presidente Cortizo en espera de sanción.

Se trató de obtener la versión del director Eskildsen para este reportaje, pero a través de su oficina de relaciones públicas no hubo respuesta para pactar una entrevista.

También se le enviaron correos a los propietarios de las empresas que se verían beneficiadas por esta ley, pero al cierre de esta nota no habían dado respuesta.

Justo a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) le compete certificar los proyectos turísticos –nuevos o ampliaciones a ya existentes– una vez sea aprobados en el Registro Nacional de Turismo de la misma entidad.

Entre el 2020 y 2022 la ATP ha certificado al menos a 38 empresas como beneficiarias de la Ley 122. La entidad explicó que con esta norma, “el inversionista, ya sea nacional o extranjero, podrá usar este crédito a partir del segundo año de la inversión hasta por un monto máximo equivalente al 50% de su ISR, siempre que no exceda el 15% del monto inicial del crédito fiscal y hasta que se consuma el 100%, durante un período de 10 años. Adicionalmente, el crédito podrá ser cedido por la totalidad o la porción no utilizada del crédito. Este incentivo se otorgará hasta el 31 de diciembre del 2025 a los inversionistas que no estén vinculados directa o indirectamente con la empresa turística que emita el instrumento financiero”.

Los instrumentos financieros emitidos por las empresas de Naranjo incluyen cuotas de participación por un millón de dólares y un programa rotativo de bonos por 40 millones, de los cuales ya están registrados 10 millones para la solicitud del crédito fiscal.

Presidencia no contestó a las preguntas enviadas para este reportaje y el Ministerio de Economía y Finanzas pidió remitirlas a la Dirección General de Ingresos (DGI), entidad que tampoco respondió al cuestionario enviado por correo electrónico.

"La entidad regente del cualquier acción normativa en el campo turístico es la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). Remitiremos la última pregunta a la Dirección General de Ingresos para su atención", dijo el responsable de las comunicaciones en el Ministerio de Economía y Finanzas.

Intermediarios

Tres de las seis empresas que ya tienen los créditos fiscales en trámite tienen listada a la firma Virtu Atelier Legal, una firma que tiene como socia a la abogada Melissa Cortizo Brown, sobrina del presidente Laurentino Cortizo.

Melissa Cortizo se especializa en derechos financiero, administrativo, regulatorio y corporativo. Según su biografía, tiene más de 15 años de experiencia y asesora a clientes nacionales e internacionales en asuntos relacionados con regulación y estructuraciones financieras, procesos administrativos del sector financiero, financiamientos bancarios, emisión de valores y transacciones comerciales. Además, cuenta con experiencia asesorando a importantes clientes del sector turístico y de bienes raíces.

La firma legal tiene como socia fundadora a Ana Lucrecia Tovar, una abogada que practica en el sector financiero desde hace dos décadas. No logró llegar a la Corte Suprema de Justicia como magistrada propuesta por el ex presidente Juan Carlos Varela pero sí estuvo en las directivas de la Superintendencias Bancaria y del Mercado de Valores hasta 2019. Marelissa Quintero por su parte, también socia de la firma, fue Superintendente del Mercado de Valores entre 2015-2019.

Melissa Esther Cortizo Brown es hija de Moisés Cortizo Cohen, hermano del presidente Cortizo.

Al ser contactada, la abogada Cortizo negó tener “algún tipo de participación ni inherencia en la redacción de ninguna de las partes ni disposiciones del Proyecto 789”. También contestó vía correo electrónico que "la relación personal o familiar de cualquiera de los miembros de nuestro equipo (Virtu Atelier) nunca ha influido, de ninguna forma, en el trabajo profesional, técnico, integral y ético que hemos brindado por muchos años a nuestros clientes".

Los otros dos bufetes que participan en la operación legal de los bonos turísticos son Quijano y Asociados y Patton, Moreno y Asvat.

“Drenaje de fondos públicos”

La Ley original se publicó en Gaceta Oficial el 31 de diciembre de 2019, en plena víspera de año nuevo. Un regalo más que deseado para cualquiera que quiera tener garantizada la recuperación de su inversión. Los “incentivos fiscales turísticos” son tan atractivos como inéditos: por primera vez un crédito fiscal se extiende a “inversionistas en empresas turísticas”, es decir, cualquier persona natural o jurídica que compre bonos, acciones y cualquier otro instrumento financiero que emita la empresa turística beneficiada.

Aparte del 100% del crédito fiscal a la inversión, lo verdaderamente inédito en esta ley, es que el inversionista puede vender o “ceder” el crédito fiscal total o parcialmente “independientemente de si ha transferido o no lo bonos, acciones o instrumentos financieros”. Esto se traduce en la transformación a dinero real de un “incentivo fiscal”, es decir, que el Estado (es decir, fondos que pudieron ser destinados a educación, salud, etc.) no solo dejaría de recibir impuestos para incentivar la construcción turística, sino que quienes compren los instrumentos financieros podrán eventualmente obtener dinero por venderlos. Todo un nuevo nivel de estímulo por parte del gobierno. “Drenaje de fondos públicos”, en palabras de Arias, el jurista que demandó ante la Corte la primera ley que introdujo estos incentivos.

La única salvedad que hace la ley es que los inversionistas no deben estar vinculados directa o indirectamente a la empresa turística que emite los bonos, que no deben ser ni afiliadas ni subsidiarias.

Los emisores deben estar inscritos en el Registro de empresas turísticas de la Autoridad de Turismo, en la Superintendencia del Mercado de Valores y en alguna bolsa de valores del país. Pero como el país no tiene un registro de beneficiarios finales público y con las clásicas estructuras legales, contables, financieras y regulatorias que operan en sintonía, esta salvedad podría ser solo un sorbo de agua para hacer menos incómoda una ley intragable. Encima, la veda que da la ley para que las mismas empresas turísticas puedan re-comprar o pagar los bonos es tan solo de cinco años.

Tras el aluvión de críticas, el Ejecutivo y los diputados se sonrojaron parcialmente y modificaron la ley. Bajaron el beneficio de 100% al 60% del crédito fiscal y acortaron el periodo hasta 2023. Pero incluyeron el parágrafo que mantiene el 100% de los créditos fiscales a las empresas que ya cuentan con la resolución de reconocimiento de crédito fiscal emitida por la Dirección General de Ingresos. Éstas son las empresas que el abogado Ramón Ricardo Arias llamó “un club de privilegiados”, al tiempo que califica el parágrafo de excepción como “una aberración jurídica (...) Cada dólar en crédito es un dólar que no recibe el Estado…y (como) los créditos son vendibles, de allí sacan (las empresas) el mayor beneficio”, explicó.

Con la aprobación de la modificación de la ley, ejecutivo y legislativo matan dos pájaros de un solo tiro, ya que la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra ella, que había sido admitida en la Corte y apoyada por el Procurador General de la Nación, quedaría sin sustento.

El supuesto objetivo de este inédito desprendimiento del gobierno actual es “incentivar el turismo”. ¿Realmente se logra con estos créditos? Según la ATP, “la actividad turística es de interés nacional” desligándose simultáneamente de los huecos fiscales que provocan estos incentivos al responder que “no es materia ni competencia de la ATP, no es una institución recaudadora ni retenedora de impuestos”.

En contraparte, el economista y administrador de negocios Felipe Argote descarta que estos incentivos propicien el turismo, ya que “es un subsidio a la inversión que va a hacer que todo les salga gratis”. Calificó la ley como un despropósito: “darle más poder a cinco grupos del mayor poder adquisitivo para que inviertan lo que ya pensaban invertir, para que construyan hoteles que van a estar vacíos cuando lo que hay que incentivar es la demanda, no la oferta”.

Rechazo a la ley

Recientemente un grupo de 18 panameños entre los que se destacan el exministro Mario Galindo, el arquitecto Ricardo Bermúdez, el perredista Francisco Sánchez Cárdenas, el abogado Ricardo Alberto Arias, la exministra Leonor Calderón; entre otros, firmaron una carta en la cual piden al presidente Cortizo abstenerse de sancionar el proyecto de ley que dicta normas de incentivo para el fomento de la actividad turística en Panamá.

“Lo que no dicen los promotores de este proyecto de ley es que el otorgamiento de tales créditos fiscales equivale a que el Estado, es decir, todos los ciudadanos, sufragamos el costo de las inversiones turísticas que estos lleven a cabo, pero solo estos inversionistas se benefician de las mismas. Esto, solo y de por sí, es un abuso a la ciudadanía, por no llamarlo de otra forma más apropiada”, destaca la carta que hasta el momento se desconoce si ha tenido respuesta por parte del Jefe de Estado panameño.

Con información de Carlos H. González.