Transparencia vs. Corrupción: ¿Qué se está haciendo en Panamá?'

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá enfrenta una creciente percepción de corrupción, un problema que sigue afectando la confianza en las instituciones públicas. Al menos así lo revela el reciente estudio de opinión titulado "Desafíos democráticos, confianza en el sistema y migración en Panamá" presentado por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps), que se apoya en el Barómetro de las Américas.

De acuerdo al estudio el 74% de la población cree que la mayoría de los políticos están involucrados en actos corruptos, un porcentaje que incluso supera el promedio regional, que se sitúa en el 63%. Este dato refleja una alarmante realidad que afecta la legitimidad y estabilidad del sistema democrático panameño.

Son precisamente, escándalos como la pérdida de las vigas H, que estaban destinadas a los trabajos de rehabilitación del puente de las Américas; la entrega de auxilios económicos a políticos, empresarios y allegados de los gobiernos de turno; así como la descentralización paralela, con la cual se desviaron aproximadamente $200 millones hacia juntas comunales, evidencian el uso político de fondos públicos, los que ponen en evidencia la corrupción en el país.

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Pero la falta de confianza de los panameños también está puesta en el aparato judicial y el sistema electoral situación que agrava el panorama. Solo un tercio de los ciudadanos cree que las cortes garantizan un juicio justo, a pesar de una leve mejora en la confianza en la Corte Suprema desde 2018.

En Panamá la Corte Suprema es la máxima tribunal de justicia. En sus manos tienen casos de uno de los escándalos más grandes de la región, Odebrecht y a la fecha se desconoce como avanzan en dicha esfera, ya que la entidad no informa sobre los casos que lleva adelante.

El estudio, además establece que solo el 39% de los panameños confía en las elecciones, un indicativo de los desafíos que enfrenta el país para fortalecer su democracia.

Más transparencia, menos corrupción

Ante esta realidad, Gabriel Tribaldo, abogado y miembro de la sociedad civil organizada, subraya que la transparencia es una de las herramientas más eficaces en la lucha contra la corrupción. "Entre más transparencia, son más bajos los niveles de corrupción porque le cuesta penetrar en las instituciones", comenta Tribaldo.

Asimismo, destaca el papel crucial de organismos como la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), la Contraloría General de la República y los procuradores para fiscalizar y judicializar los casos de corrupción.

Las autoridades fiscalizadoras deben mandar el mensaje de que se combatirá la corrupción a toda costa", enfatiza Tribaldo.

Por su parte, Candy Chen, representante de la Fundación Conciencia Ciudadana, asegura que los recientes escándalos de corrupción han sido un llamado de atención para impulsar reformas que fortalezcan la transparencia en las instituciones. "Es alentador observar que los nuevos gobernantes están impulsando iniciativas en esta dirección", comenta Chen, quien además resalta la importancia de reformas legislativas y constitucionales para mejorar la gobernanza y restaurar la confianza pública.

¿Pero qué está haciendo la actual gestión de gobierno con respecto a esto?

En este contexto y hasta ahora, la apertura de la información y la rendición de cuentas parecen ser pilares de la gestión del presidente José Raúl Mulino, quien, entre sus medidas para mejorar la transparencia en Panamá, ha tomado la decisión de hacer públicas todas las actas de los Consejos de Gabinete desde el año 2014, revirtiendo políticas anteriores que restringían el acceso a estos documentos. Esta iniciativa busca promover la rendición de cuentas y permitir a los ciudadanos monitorear de cerca las acciones gubernamentales.

La reserva de las actas del consejo de gabinete por 10 años fue rechazada por la ciudadanía durante el quinquenio pasado.

Mulino también ha dejado claro que su administración no tolerará la corrupción. Públicamente ha instruido a los ministros y directores de las entidades públicas a reportar cualquier irregularidad a las autoridades competentes, con el objetivo de promover la legalidad y evitar que su gobierno sea visto como persecutorio.

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Además, se ha comprometido a llevar a cabo una reforma del Estado, que incluirá una Asamblea Constituyente y una consulta amplia a la ciudadanía, con el fin de redefinir aspectos clave de la administración pública.

En cuanto a la gestión de los recursos públicos, Mulino ha prometido una mayor responsabilidad en el uso de los fondos estatales, priorizando el pago de las deudas y asegurando un manejo eficiente del presupuesto para evitar el malgasto de recursos.

Desde la Asamblea

Sin embargo, la Asamblea Nacional aún enfrenta críticas por su falta de avances en materia de transparencia. Aunque su presidenta, Dana Castañeda, ha tomado medidas como la eliminación de la Planilla 172, que permitía a los diputados nombrar allegados, todavía quedan muchas áreas que necesitan atención.

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Castañeda ha dicho que la eliminación de esta planilla representó la reducción de 2,000 contratos, lo que ha generado un ahorro significativo para el presupuesto de la Asamblea.

A pesar de los esfuerzos de algunos sectores, la percepción general de corrupción y la falta de confianza en las instituciones continúan siendo un desafío para Panamá. La lucha por una mayor transparencia es esencial para asegurar la estabilidad democrática del país y recuperar la confianza de los ciudadanos en sus líderes y en el sistema de gobernanza.