Construcción de cárceles vs la tarea de resocialización de más de 25,000 reos en Panamá
En total las nuevas prisiones acarrearían una inversión de 800 millones de dólares para el Estado.
Ciudad de Panamá, Panamá/El sistema carcelario de Panamá estaba pensado para albergar a 14,000 personas que en la actualidad sobrepasan los 25,000. Al día de hoy son terribles las precarias condiciones y el hacinamiento en que se encuentran las personas privadas de libertad en el país.
Desde la óptica de la administración de José Raúl Mulino, el mal estado de las cárceles y la sobrepoblación no permiten que el Estado pueda manejar la situación de forma eficiente.
Como primer paso, en septiembre pasado el Ministerio de Gobierno, en conjunto con el Ministerio Público y el Órgano Judicial, iniciaron un plan para agilizar y descongestionar el Sistema Penitenciario. Este plan consiste en revisar los expedientes de los privados de libertad que han cumplido su pena y ya deben estar fuera del sistema.
Replicando lo dicho hace una semana por el mandatario, Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno, manifestó a TVN-2.com que es necesaria la edificación de penales, no para aumentar la población penitenciaria, porque partiendo de allí se mide el fracaso de un país, sino porque Panamá pasó de un Sistema Inquisitivo Mixto al Sistema Penal Acusatorio, que es mucho más dinámico, y el Código Procesal Penal no va de la mano con todo el proceso que trajo el nuevo sistema.
Por parte del Mingob, dijo Montalvo, se ha empezado con la modificación a la Ley 55 que Reorganiza el Sistema Penitenciario, para destrancar lo que no permite que se hagan audiencias y se extienda el tiempo de personas en detención preventiva.
Es un todo integral que hay que hacer y no transformación que, aunque sensitivas, toca para poder en orden el país. Se ha ido produciendo mucha legislación sin considerar otros elementos en el camino
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Aunque no se cuenta con el presupuesto para levantar nuevas cárceles, lo que hará el Mingob, adelantó Montalvo, es tocar puertas de embajadas, considerar una asociación público-privada, optar por estructuras prefabricadas cuya edificación puede tomar alrededor de un año.
“Hay que buscar la forma de poder hacerlas porque esto es urgencia nacional. No puedo mantener privados de libertad en las condiciones que los tengo actualmente”, reafirmó la titular de Gobierno.
El presidente de la Repùblica, Josè Raùl Mulino, abordó este tema la semana pasada en conferencia de prensa y anunció que, en el caso de la provincia de Colón, se tiene contemplado reubicar a los reos en otros sitios. Asimismo, se plantea eliminar la práctica de retener a los reclusos en los cuarteles de policía del interior.
Al mismo tiempo que proyectó que las cárceles de las provincias de Coclé, Los Santos, Herrera y Veraguas serían ubicadas en un terreno apropiado, con el fin de agrupar en un solo centro a los detenidos de las provincias centrales.
Al respecto del terreno que se utilizaría para el desarrollo de dicho proyecto, Montalvo acotó que el Estado cuenta con terrenos que no se están ocupando y que hay que hacer las gestiones pertinentes y evaluar con las poblaciones aledañas el impacto que eso repercutiría para ellos.
En ese mismo aspecto, Ángel Calderón, secretario general del Mingob, dijo también a TVN-2.com que en el caso específico de la nueva cárcel de Colón, cuya licitación inició hace 5 años, se haría en terrenos cercanos al Canal, pero ahora será construida sobre los terrenos ya existentes. Colón en 2014 albergaba a 1200 y en 2024 acumula a 2400 convictos.
“Hace más de 10 años que en Panamá no se construyen cárceles; los que se tienen son cuarteles de policías en los que están los centros penitenciarios. La realidad es que el hacinamiento supera las 16 mil camas existentes, por lo que se tiene forzosamente que ir pensando en nuevos centros penitenciarios”, expresó Calderón.
Respecto a las prisiones para mujeres, Calderón agregó que en La Chorrera se tiene pensada la construcción de un reclusorio femenino, al igual que la expansión del actual Cefere, pero en los mismos terrenos donde opera al día de hoy. En total, estas prisiones acarrearían una inversión de 800 millones para el Estado.
Resocialización
Respecto a los planes de resocialización, mencionó que lo que se busca es que, una vez los reos salgan en libertad, no sean reincidentes con el fin de que los penales vayan mermando su capacidad y para ello se hará un estudio a nivel de Estado, donde se evaluará la política criminal.
Montalvo aboga por intervenir en el tema de los operativos, puesto que estos están resultando en más detenciones preventivas y esto causa, según dijo, que en el sistema estén inmersas más personas en detención provisional y quienes han completado dos terceras partes de su pena.
El gasto de un privado de libertad para el Estado
En noviembre pasado, a través de su cuenta de X, la titular del Mingob detalló que cada detenido le cuesta al Estado entre 36 y 40 dólares diarios en condiciones normales, es decir, sin afectaciones físicas ni complicaciones de salud.
En caso de presentar algún padecimiento, el costo podría aumentar entre 75 y 100 dólares diarios.
El precio que se paga por comida diaria para privados de libertad es de $4.36 por las tres comidas (desayuno, almuerzo y cena).
Así las cosas, solamente en alimentación se destinan entre 2 y 3 millones de dólares mensuales, lo que se traduce en $24,000,000 anuales.
El sistema penitenciario en cifras
Hasta la semana pasada, el presidente Mulino aseguró que el país albergaba 26,000 reclusos, algunos pagando condenas y otros en espera de ser enjuiciados.
De acuerdo con Calderòn, las cárceles a nivel nacional están a tope. El funcionario citó el caso del Centro Penitenciario de Bocas del Toro, cuya capacidad era de 200 privados de libertad y actualmente alberga 756 reos.
En tanto, el Centro Penitenciario de Chiriquì, construida para acoger a 1,200 presos en 2014, hoy día mantiene 2,500 ciudadanos pagando penas.
El Centro Penitenciario de Santiago, construido en 1971 como cuartel de policía con capacidad para 120, ya rebasa los 600 reclusos.
En cuanto, al Centro Penitenciario de Las Tablas, con una capacidad de albergar 80 personas privadas de libertad, fue creado en 1943, actualmente su capacidad sobrepasa los 300 convictos.
En el año 2011 bajo la administración del presidente Ricardo Martinelli y la ministra de Gobierno Roxana Méndez, el centro carcelario pasa a manos del Sistema Penitenciario.
El Centro Penitenciario de Chitré tuvo que cerrarse en la pasada administración gubernamental por un tema de adecuación, albergando a unos 500 privados de libertad.
Entre La Nueva Joya, La Joya 2,706 y La Joyita rondan los 20 mil privados de libertad.