'Caso Pinchazos', segundo juicio y otra oportunidad para la justicia

Ciudad de Panamá/Luego de que el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá dirimiera tres recursos -uno presentado por la abogada Alma Cortés, los otros por los abogados Rosendo Rivera y David Cuevas- referentes al tema de la prescripción del delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y vigilancia sin autorización judicial, solo el estado de salud del expresidente Ricardo Martinelli queda como posible obstáculo para que el caso conocido como “Pinchazos” vaya a juicio. Otra vez.

“Él tiene derecho a preservar su salud”, esgrime Roniel Ortiz, uno de los miembros del equipo legal del político y empresario, que recientemente fue sometido a una intervención quirúrgica para aliviar un problema de discos herniados en su columna vertebral. El jurista no descarta que, tras ser operado en cinco vértebras, Martinelli no pueda recuperarse a tiempo para asistir a la audiencia programada para el 22 de junio. En caso de ser suspendida no existe una fecha alterna para que se retome.

Rosendo Rivera, uno de los abogados que representa a los querellantes, conoce los “subterfugios y artimañas” a los que el exmandatario ha recurrido en su intento por evadir a la justicia. Afirma que el código procesal penal establece “mecanismos para que el juicio se pueda dar”, incluso con Martinelli en el hospital. El artículo 359 señala la permanencia obligatoria de todas las partes del proceso durante el juicio, incluyendo al imputado. Si rehúsa permanecer será representado por su defensa.

El artículo 372 también sugiere que Martinelli puede apoyarse en sus abogados. Esto podría darse por “enfermedad comprobada del imputado”. Esto es lo que Rivera anticipa que sucederá el 22 de junio: la defensa presentará una incapacidad médica. Frente al escenario el tribunal deberá convocar a una nueva fecha dentro de los siguientes diez días. Si se extiende la ausencia del imputado, en este caso Martinelli, el juicio seguirá con sus abogados.

Cuenta regresiva

Hasta el momento la defensa de Martinelli ha cimentado su estrategia en el debate acerca de la imputación y en los tiempos de prescripción aplicados a los delitos relacionados con las escuchas ilegales. “No se puede dejar a nadie sin imputación”, expone Ortiz. Sin embargo, los precedentes existen. La petición de afectación de derechos debido al tema de la imputación habría sido “subsanada mediante fallos de la Corte Suprema de Justicia”, alegó la jueza de garantías Elkis Martínez en una audiencia que tuvo lugar el 18 de mayo.

El caso fue admitido por la Corte Suprema en junio de 2015, cuando comenzó a correr el tiempo para la prescripción del delito contra la inviolabilidad del secreto, derecho a la intimidad y vigilancia sin autorización judicial, cuya pena máxima es de cuatro años. La cuenta regresiva fue interrumpida luego de que el exmagistrado Jerónima Mejía -quien fungió como juez de garantías antes de que la Corte declinara la competencia del caso- declaró en rebeldía a Martinelli. Y volvió a correr nuevamente al ser extraditado de Estados Unidos el 11 de junio de 2018.

Para calcular el tiempo remanente sería necesario considerar también el periodo de suspensión de términos debido a la pandemia en el Primer Distrito Judicial, lo que ha retrasado a este proceso y a otros relacionados con casos de alto perfil. Frente a la complejidad de esta aritmética, el 18 de mayo la jueza Martínez rechazó una solicitud de afectación de derechos por prescripción de la acción penal. Basó su decisión en la renuncia de la defensa en proporcionar los insumos necesarios para llevar a cabo la valorización correspondiente.

Diez días después, la jueza volvió a reiterar su posición, al “considerar que el cómputo aritmético realizado en el acta de la audiencia, indica que no está prescrito”. Lo hizo luego de que el Tribunal Superior de Apelaciones anulara su decisión y le ordenara pronunciarse nuevamente sobre el tema. Finalmente, el cuatro de junio los recursos de la defensa y los querellantes fueron revisadas por el Tribunal Superior de Apelaciones. En esa audiencia la abogada Alma Cortés presentó elementos nuevos sobre la prescripción, alegatos que no fueron valorados en su momento por el juez primario, por lo que no podían ser admitidos en una apelación, explicó Rivera. Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones terminaron validando la decisión de la jueza Martínez.

Nosotros lo que queríamos era que el tribunal declarara que no existe prescripción… Sabemos que la defensa del señor Ricardo Martinelli lo que quería era que le establecieran un término y a partir de él iban a hacer todo lo posible para dilatar el proceso”, asevera Rivera, quien calcula que falta un año para que la causa prescriba. La defensa difiere.

Sin sorpresas en el tribunal

Ortiz confía en explotar una ventaja: en esta según versión del juicio por los “pinchazos” se van a estar evacuando pruebas presentadas con anterioridad, que la defensa ya conoce. Afirma que, dado que el grueso de las evidencias presentadas en el juicio previo apuntaba a los cargos de peculado, que fueron desechados al anularse la sentencia previa de “no culpable” y convocarse a un nuevo juicio, las pruebas que serán presentadas por la fiscalía deberían ser sometidas a un proceso de “depuración”.

Al otro lado de lo que el politólogo Richard Morales define como un “tinglado” donde chocan fuerzas políticas y económicas, están los querellantes, las víctimas de las escuchas ilegales. Rivera confía en que serán capaces de subsanar cualquier error en la evaluación de las pruebas durante el proceso inicial, para que este tribunal concluya lo que “debió haber concluido el primer tribunal que atendió el juicio, que el señor Martinelli debe ser declarado culpable”.

Morales no se hace ilusiones. Más que un fallo en derecho anticipa un desenlace que será favorable a quien pueda presionar al sistema o tenga la capacidad de imponerse en negociaciones de alto nivel. Subraya que este caso revela las grietas de la justicia panameña, cuyas “debilidades, incoherencias y contradicciones” son explotadas por acusados que cuentan con los suficientes recursos económicos para comprar un fallo que no les sea adverso.

En caso de ser culpable al expresidente se le condenará por delitos que acarrean una pena de cuatro años, menor a la condena de 10 años que conllevan los cargos por peculado. Según Rivera el Tribunal Superior de Apelaciones no tenía la facultad para desechar estos delitos al anular la sentencia de “no culpable”. “Quedará para la historia que el Estado permitió que esos delitos fuesen exonerados, donde se perdieron cerca de 43 millones de dólares. El Ministerio Público”, puntualiza el abogado. Otra grieta que Martinelli ha sabido aprovechar en sus intentos por eludir la prisión.