Bonos permanentes para jubilados: ¿Solución sostenible o promesa populista?

Ciudad de Panamá/La promulgación de la Ley 438, que establece un programa de bonos permanentes para los jubilados y pensionados del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social, ha sido recibida con una mezcla de alegría para un sector de la población y con serios cuestionamientos por parte del otro. Esta ley, que busca aliviar la difícil situación económica de los jubilados, es una respuesta a las bajas pensiones que muchos de ellos reciben, las cuales a menudo no son suficientes para enfrentar el alto costo de la vida.

Los jubilados en Panamá enfrentan diariamente la dura realidad de tener que elegir entre comprar comida o medicamentos. Las pensiones actuales son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, dejándolos en una situación de vulnerabilidad casi extrema.

A pesar del entusiasmo por parte de los jubilados, quienes solicitaron la sanción de la ley antes de que Cortizo saliera de la presidencia, surgen dudas sobre su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo. El financiamiento de estos bonos depende de un incremento en el impuesto sobre bebidas alcohólicas, lo cual podría no ser una fuente de ingresos estable y suficiente para cubrir los bonos de manera permanente.

Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Unidos por los Jubilados (Mundos), dijo que hay una gran satisfacción en la población de jubilados y pensionados, luego que el presidente Cortizo sancionara ley. 

No obstante, cuestionó la posición del gremio empresarial y aseguró que solo se trata de evitar el incremento de los dos centavos.

Según establece la nueva ley, la asignación de presupuesto saldrá del incremento del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas en dos centésimos más (B/. 0.02).

Así fue establecido en el el artículo 3 y 4 del proyecto de ley 964, que ahora se ha convertido en Ley de la República.

"Artículo 7: El artículo 7-A de la Ley 45 de 1995 queda así: El impuesto selectivo al consumo para las bebidas alcohólicas de que trata esta Ley será de seis centésimos y medio (B/. 0.065) por cada grado de contenido de alcohol por litro de bebida.” 

'Un desacierto'

El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), junto con otras entidades empresariales, expresó su preocupación a TVN-2.com. Raúl Montenegro Vallarino, presidente del SIP, señaló posibles "vicios de inconstitucionalidad" en la ley y planteó los impactos en la economía nacional. Aunque apoyan la intención de ayudar a los jubilados, temen que la medida pueda tener consecuencias económicas adversas.

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Sin embargo, Javier Sucre, diputado del PRD, quien fue uno de los proponentes en el Legislativo aseguró que la decisión se tomó en base al análisis de los números reales.

"Fuimos tomando la decisión, en los números reales para donde se puede establecer, y garantizar que esto sea un hecho real. En el proyecto se establece que se recaudarán del 1.9% de litro de licor en la fabricación e introducción al país de este producto y eso garantiza los números necesarios los 318 mil [jubilados] que existen hoy día. Le llamamos el décimo tercer para los jubilados", afirmó Sucre en abril de este año.

Por el contrario, Montenegro explicó que si bien la propuesta es loable y tiene una buena justificación, para el gremio empresarial no es más que "otro desacierto" de la actual administración y de los diputados que la impulsaron.

Además, señaló que las corridas nunca se hicieron para conocer realmente el impacto de un incremento en el precio, y saber cómo iba a influir en el consumo de las mismas, y por ende en la empleomanía de la industria, la cual es uno de los grandes contribuyentes al tesoro nacional.

"Son medidas cuyos orígenes no son los más correctos (...) el financiamiento de esta bonificación tenía que ser garantizada, se mostró en todo momento de que este incremento del impuesto en la fabricación no garantizaba la totalidad de los fondos requeridos, pero no fuimos escuchados", afirmó el presidente del SIP.

Por su parte, Cortés criticó el hecho de que se ha planteado que los jubilados estarían quebrando la industria, lo cual no es cierto.

Lo que no quieren es darlo y apoyar al pensionado y jubilado, porque siempre han sido egoístas y con estos comunicados, mínimo dan a entender que nosotros los jubilados vamos a causar el cierre de la empresa licorera", señaló Cortés.

Los efectos económicos

Antes de que fuese ley, el SIP, junto con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (Cciap) y la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham), se opusieron al proyecto y solicitaron su veto.

El empresario, aseguró que este incremento en el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de bebidas alcohólicas, se traduciría en un precio más "oneroso" para el consumidor de lo que hoy está se está pagando.

Además, planteó que esta ley pondría a la industria más propensa al ingreso de productos de mala manera, es decir, contrabando.

En tanto, Cortés aseguró que, aunque haya un aumento al consumidor final, el consumo del producto seguiría igual.

'Inconstitucionalidad'

Para Montenegro, el hecho de que la reglamentación de la ley debe realizarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a su promulgación, a pesar de que la ley ya está en vigor desde el día siguiente de su publicación, es un "vicio de inconstitucionalidad" dentro de la misma.

Lo que mal inicia, mal termina. La misma ley tiene sus vicios de inconstitucionalidad", expresó el empresario y dirigente del SIP.

La ley establece que los desembolsos se harán efectivos en el siguiente período de la entrada en vigencia fiscal y los montos de los bonos serán revisados cada dos años, con la posibilidad de ser incrementados, pero no disminuidos.

Déficit tendrá que ser asumido por la CSS

Montenegro dijo conocer la necesidad de los jubilados, una condición por la que toda persona pasará en algún momento de su vida, pero señaló que el gremio expresó su punto desde un principio y advirtió que esta no era una solución real, puesto que la industria no generaría lo suficiente para el pago y recaerían un gran peso sobre la Caja de Seguro Social, la cual de por sí ya tiene suficientes problemas de fondos que solucionar, respecto al programa de jubilaciones y pensiones de beneficios definidos.

"Sabemos que lo que en un día recibe un jubilado, no justifica con el alto costo de la vida, pero de ahí a que quieras echar la responsabilidad a una sola industria, y, aunado a eso, numéricamente está claro de que lo que se requiere para esa bonificación, este incremento en el impuesto no va a dar lo suficiente para eso, entonces la pregunta es: ¿Si ya sabemos las condiciones de la CSS, qué queremos, agregarle $25 millones más de déficit a la Caja? Me parece un acto totalmente irresponsable", enfatizó Montenegro.

Según expuso la Cciap, SIP y la AmCham, el impuesto propuesto requiere más de $45 millones para cubrir a los 318 mil jubilados existentes, considerando una bonificación de $140.00 anuales por jubilado. Sin embargo, un aumento del 44% en el ISC generaría aproximadamente $26 millones en sus mejores años, en donde el resto tendría que ser asumido por la CSS.

El SIP afirmó que la situación fue advertida en reiteradas ocasiones, sin embargo, nunca se logró que el gobierno tomara en cuenta las evaluaciones y motivos presentados por la industria, en donde se planteaba el déficit de recaudo para hacer frente a la promesa realizada a los jubilados.

Jubilaciones justas

Cortés detalló que, existen más de 200 mil jubilados que tienen pensiones y jubilaciones por debajo de los $400.00, cuando la canasta básica es de $333.00, según el último informe de la Acodeco.

Para el economista y excandidato a la vicepresidencia Richard Morales, no serían necesarios los bonos si existieran pensiones justas y no "pensiones de hambre", es decir, si existieran pensiones y jubilaciones que cubran todas las necesidades de los jubilados, acordes con el costo de vida.

La solución planteada por Morales también supone una mejor dinamización de la economía y de los sectores productivos del país.

Lo que se requiere es un aumento de las jubilaciones, y para financiar ese aumento, lo que se requiere es perseguir la evasión de impuestos, que es de la más alta en la región Latinoamericana", expresó el economista.

De momento, los jubilados esperan que el primer pago de este bono, que es de $50.00 dólares en el mes de abril, se realice tal y como lo establece la Ley 438: en abril de 2025. Los demás pagos serían en agosto con $50.00 y diciembre de $40.00.

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