Bonos de carbono en Panamá: pros y contras

Ciudad de Panamá, Panamá/El reconocimiento de la carbononegatividad –cuando un país captura más dióxido de carbono (CO2) u otro gas de efecto invernadero del que emite– revivió el potencial del país como sumidero de carbono mundial a cambio de incentivos, al tiempo que reactivó la maquinaria institucional para concretar la emisión de instrumentos de compensación con el sello de Panamá.

Los créditos o bonos de carbono son instrumentos, usualmente certificados, que compran las empresas para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero –que incluyen el CO2 pero pueden no limitarse a este– en sus operaciones extranjeras. Cada crédito compensa la emisión de una tonelada de dióxido de carbono o su equivalente en la atmósfera. Son instrumentos transferibles que deben ser certificados por gobiernos u organismos independientes acreditados por éstos, y que pueden usarse para cumplir objetivos voluntarios u obligatorios de mitigación del cambio climático, explicó el Ministerio de Ambiente (Miambiente)

De acuerdo a la Dirección Nacional de Cambio Climático de Miambiente, Panamá cuenta con algunas iniciativas privadas registradas bajo mecanismos independientes de acreditación de reducción de emisiones, tales como Gold Standard y Verra, que son programas tercerizados que “logran certificar reducciones de emisiones o créditos de carbono generados por actividades de proyectos en Panamá”. Estas iniciativas, según la institución, buscan la generación de créditos de carbono para su venta en mercados voluntarios e internacionales.

Sin embargo, el ministerio en cuestión está ejecutando otros mandatos en la misma línea pero desde la visión del Estado para la consecución de un Mercado Nacional de Carbono de Panamá, la creación de una Bolsa Panameña de Carbono y un Sistema Nacional de Compensación que incluye registros de acciones de mitigación y de proyectos de compensación. Las iniciativas están contenidas en el Decreto Ejecutivo número 100 del 20 de octubre de 2020 y el número 142 del 9 de diciembre de 2021.

La reglamentación de Mercado Nacional de Carbono diseñándose y según funcionarios de Miambiente, harán un taller en septiembre para luego presentar un borrador de cara a las consultas públicas posteriores. Por otro lado, sobre la Bolsa de Carbono, adelantaron que será administrada por “una organización con o sin fines de lucro”, elegida por la Junta Directiva de la misma Bolsa. “Actualmente, el Ministerio de Ambiente de Panamá se encuentra en conversaciones con actores relevantes interesados en tomar esta administración. Se espera concretar la figura de administración para este año 2022”, contestaron a este medio vía correo electrónico.

Los bonos de carbono son solo uno de los instrumentos que hacen parte de las iniciativas REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques + conservación de las reservas de carbono forestal, manejo sostenible de bosques y aumento de las reservas de carbono forestal), implementado por los distintos países bajo la guía de las Naciones Unidas. En resumen, las empresas o firmas compran bonos de carbono que reflejen la captura o la emisión evitada de GEI por bosques en un lugar específico, para compensar sus emisiones en otro lugar del planeta.

La lógica de compensar emisiones sin eliminarlas no escapa de polémica. Natasha Loder, editora de Políticas Sanitarias de The Economist lo describió así en 2009: “La idea parece ser crear proyectos REDD para créditos de carbono y biodiversidad y venderlos dentro del mercado voluntario después de obtener la certificación por uno de los varios estándares que están emergiendo. Estos créditos certificados serán luego vendidos a organizaciones comerciantes, firmas consultoras y financieras de cambio climático, PR, firmas de publicidad y mercadeo que hacen programas de responsabilidad social corporativa y directamente a bancos, gobiernos, corporaciones y comerciantes.”

Para la ambientalista Raisa Banfield, los mecanismos REDD+ de mitigación, si bien son transitorios, representan un avance porque “estaríamos peor si no lo hiciéramos”. La exvicealcaldesa admite que “muchas de las grandes empresas contaminantes utilizan estos mecanismos para hacer su mea culpa y seguir contaminando”, pero enfatiza en que esto (los bonos de carbono) deben ser un proceso de transición mientras vamos cambiando el modelo económico de producción. “Es una manera de bajarle la velocidad a la deforestación y a la contaminación por emisiones”, dijo.

Pero, a la vez recalcó que el beneficio para el país se dará en la medida en que se democratiza el mercado de carbono, refiriéndose a que en Panamá son las grandes empresas las que hasta ahora se benefician de estos mecanismos de compensación mientras que indígenas y campesinos, quienes están cuidando los bosques y sembrando de manera sostenible, no han tenido acceso a esos incentivos: “allí está la inequidad del sistema”.

Otro incentivo perverso que cargan estas medidas de mitigación es el de deforestar para luego reforestar y obtener los beneficios del mercado de carbono. También está el riesgo de la captura de tierras, especulación y desplazamiento de comunidades, riesgos que existirán en la medida en que el proceso no sea transparente, abierto, con datos compartidos por todas las instituciones, que haya acceso y capacitación de toda la población comentó Banfield.

Hilando más delgado, la gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Joana Ábrego, quien participó en la redacción del borrador del decreto citado, apunta al reto de establecer el beneficiario o beneficiarios finales de los bonos que se emitan, porque la normativa establece que los bosques son del Estado, no de los dueños o concesionarios del terreno, cuyo aprovechamiento se les permite bajo ciertos parámetros. En palabras de Abrego, las comunidades esperan ver un beneficio en estos esquemas y que se les reconozca su la labor de cuidadores del bosque. Pero, “a pesar del decreto, ese es un asunto a resolver”, concluyó la jurista.

Miambiente contestó que es la reglamentación del Decreto 142 –que está en proceso– y el taller técnico a realizarse el que ayudará a despejar esa y otras dudas sobre el funcionamiento del mercado de carbono en Panamá.

Sobre el otro riesgo, Abrego también plantea que, en efecto, existe el incentivo perverso de deforestar un bosque natural para luego restaurarlo, y es que cuando el bosque es joven va capturando a una rata más alta que cuando está maduro, explicó.

Lo más importante, acotó la abogada del CIAM, es que los proyectos tengan propósitos nacionales, que sean estratégicos y que se diseñen atendiendo la alta vulnerabilidad que tiene el país al cambio climático, que sean capaces de construir resiliencia y adaptación y que protejan las fuentes de agua.

Encargados del tema en el Ministerio de Ambiente informaron que actualmente, los precios que se manejan a nivel global de créditos de carbono oscilan entre 4 y 11 dólares. En consecuencia, auguran que Panamá promete tener precios competitivos que incentiven a los desarrolladores de proyectos a acreditar reducciones de emisiones provenientes principalmente del sector forestal y marino-costeros (carbono azul), asegurando el respeto de salvaguardas ambientales y sociales y procurando un desarrollo económico inclusivo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático.