Constructora Meco: entre la cárcel y la impunidad

Ciudad de Panamá/En febrero de 2020, antes que la pandemia impusiera el cierre de fronteras en la región, Carlos Solís Murillo, en ese entonces gerente del estatal Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) de Costa Rica y uno de los imputados en la operación Cochinilla -junto a Carlos Cerdas Araya, dueño de la constructora Meco- visitó la provincia de Bocas del Toro, acompañado por otros funcionarios públicos del vecino país.

Aunque la orden que propició los allanamientos en junio pasado, incluyendo el de la Casa Presidencial, enmarcados en la Operación “Cochinilla”, no aporta detalles acerca del motivo del viaje a Panamá, si aporta un elemento que es de interés para los fiscales costarricenses. Y es que el documento señala que cuando Murillo y su comitiva se encontraban en el corregimiento de Guabito, comunidad panameña en la zona fronteriza con Costa Rica, procedieron a adquirir “diversos bienes”.

Para trasladar lo comprado al sitio donde se hospedaban, los funcionarios de Conavi aceptaron la “dádiva” que dos imputados le ofrecieron, consistente en “el transporte de los bienes adquiridos en un vehículo de la empresa Meco desde el sector de Changuinola (Guabito), Panamá, hasta el sector de Talamanca”. Cabe recordar que la Cordillera de Talamanca inicia en Costa Rica y continúa en Panamá.

La oferta provino de Abel González Carballo, gerente de operaciones de Meco, uno de los imputados en esta trama donde un grupo de empresas actuaba en colusión para sobornar a funcionarios públicos y así obtener un trato VIP en sus negocios con el estado costarricense. La retribución económica buscaba que el gerente de Conavi y sus subalternos “realizaran un acto contrario a sus deberes, dándoles un trato preferencial y expedito a las facturas” derivadas de un proyecto vial en la provincia de Cartago. A través del desembolso los representantes de Meco buscaban además obtener información relacionada con otros proyectos.

Era el modus operandi de un cartel liderizado por Meco, “un grupo de interés económico único, una sola compañía dividida en brazos capaces de mantener el giro constante de la actividad empresarial, subordinada a la dirección y al presupuesto de una sola cabeza”.

En el reparto del pastel de las licitaciones con el Estado participaron, además de Meco, otros contratistas como Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), Conansa, Maco, Kato Transportes, etc. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades costarricenses, entre ellas existía una “relación de dependencia, lo que fortalece la impresión de estar ante un conglomerado de intereses dividido en representaciones aparentemente individuales con el propósito de distraer la conexión y disimular, a través de criterios técnicos, la existencia de defectos, provocando un conflicto de intereses que obliga a las dependientes a integrarse a las manifestaciones criminales que se investigan”.

El nombre de Panamá surge varias veces en medio de conversaciones telefónicas interceptadas por las autoridades durante la investigación, entre ejecutivos de Meco y de las compañías involucradas. Por ejemplo, en una llamada grabada en mayo de 2020, dos colaboradores de ITP, contratista especializado en control de calidad, conversan sobre cómo el cartel empresarial incurre en evasión fiscal.

Preocupado por su futuro dentro de la organización, Oscar Martínez Martínez, presidente de ITP, comenta a Sergio Fernández Cerdas, quien además de ocupar el cargo de secretario de la junta directiva es sobrino de Carlos Cerdas Araya, que en caso de que el tío de este último le solicitara que abandonara la empresa recurriría al chantaje:

- Oscar Martínez Martínez: Y se ponen muy matones, …aquí yo, una de las grabaciones que yo tengo porque yo he grabado, te cuento en confianza, yo he grabado las últimas juntas directivas, aquí tengo una grabación de esta muchachita de Catalina donde habla de evasión fiscal, cómo hacerla, como taca taca taca en Costa Rica y Panamá.

- Sergio: (asiente)

- Oscar Martínez Martínez: Así es como lo hacemos con Meco… le digo, vea Don Carlos, ya así si me voy a los manazos, escuche esto tucu tucu tucu y yo me encargaré que esto circule donde tenga que circular, y si usted quiere diga y habrá un pleito, o es que por su plata yo le tengo miedo, no, lo siento, pero todo lo que tengo, lo tengo muy guardadito, correo, WhatsApp y un montón de cosas que tengo impresas y toda la cosa y no, llegado el momento pues, yo creo que eso, a usted otro escándalo, creo que no le va a servir y menos en Costa Rica.

En otra conversación, que tuvo lugar en la tarde del 24 de abril de 2020, Martínez discute con José Alfredo Sánchez Zumbado, presidente de la junta directiva de Meco, acerca del desempeño de algunos funcionarios de ITP Panamá, calificando como “nebuloso” el futuro de las operaciones en el Istmo.

En Panamá Meco se declaró culpable dentro de la investigación de “Blue Apple”, pero gracias a que en diciembre de 2017 Cerdas Araya firmó un convenio de colaboración con la Fiscalía Sexta Anticorrupción del Ministerio Público panameño, la empresa sigue contratando con el gobierno panameño. La situación es distinta en Costa Rica, donde su propietario permanece en prisión, a pesar de haber pagado una fianza de cinco millones de dólares en un intento frustrado de quedar libre mientras avanzaban las pesquisas.

Actualmente, la empresa tica construye para el Estado Panameño un intercambiador vial en el sector de Howard, en la autopista que une a la ciudad capital con la provincia de Panamá Oeste, a un costo que excede los $40 millones. También ha ofertado en licitaciones millonarios, en proyectos como el puente sobre el Río Bayano y carreteras en territorios comarcales.

La reunión con Martinelli

MECO también aparece vinculada en la vista fiscal número 01-2021, por los delitos contra el orden económico y la administración pública, en el caso Odebrecht. Específicamente aparece en la indagatoria rendida por Evelyn Vargas Reynaga, quien se identifica como abogada de Importadora Ricamar, S.A. La jurista “señaló que desconoce si la familia Martinelli tiene hangares en otros países, pero sí sabe que en el Aeropuerto de Río Hato hay un hangar de los Martinelli”. Que el señor (sic) Meco del cual desconoce su nombre, su compañero Tomás Martinelli y su persona, por instrucciones de Luis Enrique Martinelli se reunieron con el licenciado Alvis Casasola, abogado de Meco, para apoyarlo en la solicitud de la concesión del hangar del Aeropuerto de Río Hato”.

El aeródromo en cuestión fue rehabilitado por la firma costarricense por un monto que excedió los 50 millones de dólares. La obra fue entregada en el 2013. El mes pasado recibió un vuelo directo desde Canadá, con 156 turistas.

En una audiencia celebrada en la ciudad de Nueva York, Luis Enrique Martinelli Linares suscribió un acuerdo de culpabilidad por el delito de conspiración para mover dinero con fines ilícitos en el sistema bancario de Estados Unidos. Eran fondos que procedían de la estructura de sobornos armada por Odebrecht. Su hermano Ricardo Alberto se encuentra detenido en Guatemala por esta misma causa, mientras espera ser extraditado.

Para el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal casos como el de Meco evidencian cómo este tipo de empresas arriban a Panamá y se aprovechan de una “gula” que persiste a través de los diferentes gobiernos, que han pactado con constructoras procesadas por corrupción. Son organizaciones que “vienen, coimean y ganan”.

“Lo que nos dice el hecho de que Meco siga siendo contratista del Estado, al igual que Odebrecht y las demás empresas involucradas en Blue Apple, es que esas redes de complicidad y corrupción entre grandes contratistas y los gobernantes de turno siguen intactas”, plasmó el politólogo Richard Morales. En este escenario, afirmó, los grandes contratistas y donantes de campaña seguirán siendo inmunes a cualquier escándalo de carácter internacional o reputacional.