El contrato por más de 25 mil dólares para 'hisopados legislativos'

Pese a que estas pruebas están al alcance de todos los ciudadanos a nivel nacional, y de forma completamente gratuita a través del Ministerio de Salud (Minsa), la Asamblea Nacional licitó la compra de 950 pruebas rápidas de antígeno por hisopado nasal para la detección de la COVID-19, por un monto de 25,650 dólares.

La contratación de la empresa VMA Laboratorios S.A, se autoriza a través de la resolución N° 200 del 26 de noviembre del 2021 y fue publicada en el portal de Panamá Compra el pasado 22 de diciembre.

Estas pruebas serán aplicadas a los funcionarios de la Asamblea que se expongan al público y a funcionarios de otras instituciones que visiten el hemiciclo y que no tengan certificado de prueba negativa realizada, esto para cumplir con las medidas de bioseguridad, según consta en el documento de resolución de autorización.

Esta contratación incluye equipos de alta tecnología para pruebas de laboratorio, personal idóneo, resultados en un periodo de 10 a 15 minutos y los permisos de salud correspondientes.

Cada prueba rápida de antígeno por hisopado nasal tendrá un costo de 27.00 dólares.

Esta es la primera licitación de pruebas rápidas de antígeno para detectar la COVID-19 que se cuelga en el portal de Panamá Compra para una institución del Estado diferente al Ministerio de Salud, de carácter excepcional en casi dos años de pandemia.

El representante de la empresa

En la orden de compra refrendada también se puede leer que el representante de esta empresa es Jovany Alberto Polo, quien aparece como laboratorista VIII en la planilla del mes de noviembre del 2021 del Hospital Santo Tomás, como colaborador permanente.

No es la primera vez que en pandemia la Asamblea cuenta con privilegios, pues para el mes de mayo del año que está por terminar, se hizo una vacunación exclusiva para diputados, mientras que gran parte de la población esperaba por ser inoculada.

Se intentó obtener la versión por parte de los miembros de la Asamblea Nacional, para conocer cómo se aplicarían estas pruebas, quien brindaba el servicio anteriormente, pero fue infructuoso.

Reacciones

El abogado Ernesto Cedeño opinó que por parte de Contraloría General de la República debió recibir una objeción en cuanto a la contratación para verificar si el Ministerio de Salud tenía o no la disposición de prestar este servicio, si no la había entonces se podría hacer la contratación a una empresa privada.

“Independientemente de que sea una contratación directa, no necesariamente la Contraloría debió dar el refrendo salvo que hubiese gravitado una justificación que hubiese impedido al Minsa hacer ese tipo de apoyo en tiempo perentorio”, expresó.

Por otra parte, detalló que no existe ningún tipo de impedimento para que un funcionario de otra institución contrate con la Asamblea, según lo que establece la Ley de Contrataciones Públicas.