Almas de Fuego
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Ciudad de Panamá/Doctores, abogados, nutricionistas y periodistas se cuentan entre los profesionales que han visto como delincuentes utilizan su aplicación de la red social WhatsApp para engañar a sus contactos y obtener dinero bajo el argumento de que se encontraban en una emergencia económica.
Se trata de una actividad ilegal que da origen a delitos Contra la Seguridad Informática y Contra el Patrimonio Económico, este último de específicamente estafa, en caso de que se concrete la entrega del dinero.
No obstante, estos delitos se pueden evitar con medidas sencillas como la utilización de varios y no solo un correo electrónico y la entrega personal de dinero a la persona que lo está solicitando.
Algunas de las víctimas consultadas por TVN-2.com dieron cuenta que sus contactos les informaron que todo empieza con un intercambio de WhatsApp con palabras y preguntas casuales como: “hola”, “¿cómo estas?”, “¿todo bien en el trabajo?” lo que no levanta ningún tipo de desconfianza.
Al intercambio de mensajes le sigue la pregunta sobre si tienen banca en línea, en este caso de un banco específico. A una respuesta positiva le sigue una historia trágica sobre un aprieto económico al que deben darle solución ese mismo día, adornada con el argumento de que cuentan con los fondos, pero no los tendrán disponibles hasta el día siguiente, tiempo en que prometen regresar el dinero transferido con un excedente adicional a lo prestado en señal de agradecimiento.
Las cifras que regularmente piden van desde $500 hasta $700 según consta en la denuncia a la que accedió este medio, la cual interpuso ante la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, (*) Luis, a quien por seguridad se le omitió el apellido.
En su denuncia, interpuesta a finales del pasado mes de abril, Luis contó que, al igual que ocurre con otros que pasaron por la misma experiencia, se enteró de que estaban solicitando dinero a su nombre, porque comenzó a recibir mensajes en los cuales le informaban lo que estaba sucediendo.
Me enteré de esto porque me empezaron a escribir mis contactos de WhatsApp, pensando que yo había cambiado mi número de celular, (donde me informaban que estaban) diciendo (para obtener el dinero) que yo estaba en un apuro y (el dinero) lo necesitaba de emergencia”.
En su denuncia, la cual acompañó con 13 hojas de sus contactos con los mensajes que recibieron, también relató que “hackearon” su correo electrónico y a sus contactos les enviaron los números de dos cuentas bancarias en la que podían hacer los depósitos de $500 y hasta $700 que supuestamente él estaba solicitando.
Informes proporcionados por el Ministerio Público en cuanto a cifra sugieren que los delitos contra la Seguridad Informática van al alza este año en comparación con el pasado.
El fiscal Superior Especializado en Propiedad Intelectual y Seguridad Informática del Ministerio Público, Ricaurter González Torres, al responder un cuestionario sobre el tema, explicó que en lo que va de este año se presentaron 204 denuncias por el delito contra la Seguridad Informática, 48 más de las que se investigaron durante todo el 2020.
González Torres no descartó que en este delito exista un subregistro, tomando este término como los casos que no se denuncian, lo que hace que no se conozcan, también llamadas “cifras negras”.
Existe esa posibilidad, sobre todo por apatía de la víctima que estima que presentar la denuncia será una pérdida de tiempo o por una falta de interés de su parte (de la víctima)”, sostuvo el fiscal.
Aún así, para González Torres, el incremento de las denuncias refleja dos cosas: una mayor incidencia del fenómeno criminal, pero también la creciente confianza y conciencia de los ciudadanos sobre que estos hechos delictivos hay que denunciarlos.
En ese sentido, *Luis, uno de los afectados con el “hackeo” de su correo electrónico, invitó a las víctimas a que denuncien este delito.
Mientras, González Torres, indicó que obtener los contactos de WhatsApp para a través de estos tratar de obtener un dinero de un tercero es una modalidad nueva, tanto para los delitos Contra la Seguridad Informática como Contra el Patrimonio Económico en la modalidad de estafa.
“Existe la posibilidad que se haya cometido un delito Contra la Seguridad Informática, pues de alguna manera un extraño ha obtenido indebidamente la información de los contactos de un tercero. Seguidamente, debemos decir que si se concreta el envío de dinero a un tercero que se hizo pasar por un conocido de la víctima, estaríamos ante otro delito Contra el Patrimonio Económico, específicamente estafa”, señaló el fiscal.
Acto seguido, aclaró que hacerse pasar por otra persona para cometer la estafa, es una modalidad que agrava la pena, tal y como lo establece el numeral 4 del artículo 221 del Capítulo III - Estafa y otros Fraudes - del Código Penal.
Para entender el agravante de este delito del que habló el fiscal hay que remitirse al artículo 220 del Código Penal, el cual establece que “quien mediante engaño se procure o procure a un tercero un provecho ilícito en perjuicio de otro será sancionado con prisión de uno a cuatro años. La sanción se aumentará hasta un tercio cuando se cometa abusando de las relaciones personales o profesionales, o cuando se realice a través de un medio cibernético o informático”.
En tanto, el artículo 221 establece que la “conducta prevista en el artículo anterior se sancionará con prisión de cinco a diez años en los siguientes casos: 1. Si la lesión patrimonial excede de cien mil balboas ($100,000.00). 2. Si la cometen apoderados, gerentes o administradores en el ejercicio de sus funciones. 3. Si se comete en detrimento de la Administración Pública o de un establecimiento de beneficencia. 4. Si se usurpa o utiliza la identidad de otra persona para obtener algún beneficio”.
González Torres, expresó que si no se logra el provecho económico es complicada la investigación, pues hay criterios que indican que la estafa es un delito de resultado, es decir, si no hay disposición patrimonial (entrega del dinero), no hay delito. “Y en Panamá, hacerse pasar por otra persona (suplantación de identidad) no es un delito actualmente”.
El fiscal Superior Especializado en Propiedad Intelectual y Seguridad Informática del Ministerio Público, Ricaurter González Torres, explicó que este no es un delito propio de Panamá, sino que viene de otras latitudes.
Agregó que por la forma que operan pueden decir que hay grupos organizados detrás de esta actividad criminal, porque pudieron verificar que repiten datos como correos y números de teléfonos. Aparte de que han logrado identificar a varias personas, “pues no hay delito perfecto y las cuentas de bancos, los teléfonos celulares y los correos nos dan información valiosa”, manifestó.
No obstante, el fiscal expresó que existen mecanismos que ayudan a las personas a minimizar el riesgo de formar parte de la lista de víctimas de este delito, porque todo comienza con los correos electrónicos.
Por eso, recomendó la creación de correos electrónicos para cada uso. Por ejemplo, un correo para las actividades profesionales, otro para iniciar el dispositivo o celular y otro para activar la banca en línea, por mencionar algunos. “La idea es no utilizar el mismo correo para la banca en línea, la matrícula de la universidad, las redes sociales, los respaldos de mensajes de WhatsApp porque una vez el delincuente cibernético tiene acceso a ese único correo, tiene acceso a toda la vida (del propietario del correo) prácticamente” acotó el fiscal.
Además, recomendó que no se envíe dinero por transferencia bancaria, porque por duro que suene, si un familiar o un conocido tiene un apuro económico, lo mejor es que se acerque personalmente a pedir que le presten dinero.
En otras palabras: procurar las entregas personales, lo que agregó también se aplica a las compras de artículos y productos por internet, en la que siempre se debe preferir el pago contra entrega.