Albergues: un caso que avanza pero no convence a la comisión que destapó el escándalo

Ciudad de Panamá/Las investigaciones que adelanta el Ministerio Público (MP) para dar con los responsables de los hechos irregulares y denuncias de maltrato a menores en albergues regentados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) no terminan de llenar las expectativas de miembros de la subcomisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional que el pasado 8 de febrero de 2021 presentaron el informe preliminar sobre los supuestos abusos y por posteriormente la denuncia penal.

Esta inconformidad se da a pese a que el fiscal Superior de Familia del área Metropolitana, Aurelio Vásquez, en declaraciones a TVN Noticias asegurara que antes de que se presentará la denuncia ante el MP, ya corría una investigación de oficio que abrieron el 12 de febrero por las informaciones que salían en los medios de comunicación social.

De hecho, aseguró que era un tema de investigación mucho antes de que estallara el escándalo.

Las críticas al MP

Una de las que no está conforme con el trabajo que en este tema desarrolla el Ministerio Público es la diputada suplente Walkiria Chandler D'Orcy, quien formó parte de la subcomisión que levantó el informe preliminar sobre estos hechos, tras visitar los albergues destinados a la protección de niños, niñas y adolescentes en riesgo social en el país.

Chandler D´Orcy considera que los avances de las investigaciones son “escasos” y hasta “tímidos”. “Notó un Ministerio Público con mieles, selectividad o timidez a la hora de adelantar sus investigaciones toda vez que, si bien es cierto, sí hay imputados. Ya el número asciende a 11, pero estas son personas de mandos bajos”.

Y es que a la diputada no les convencen las declaraciones de autoridades del MP que afirman que su jurisdicción abarca a hallazgos que se pueden constituir en un delito, pero no las faltas administrativas, cuando son estas las que permitieron que se cometieran los supuestos delitos y los maltratos a los menores. “Hay omisión de funciones”, sentencia.

La referencia anterior está basada en las declaraciones de Vásquez sobre que de 57 alberges inspeccionados con el apoyo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses solo en cuatro se realizaron hallazgos que permitieron a la fiscalía investigar por tener una connotación penal.

“Porque hay que decir claramente que una cosa es alguna falla administrativa que pueda haber y otra cosa es alguna irregularidad de carácter penal que hace que la fiscalía eventualmente pueda comprobar algún hecho punible, llámese de maltrato, de abuso sexual, o llámese de algún delito contra la administración pública como por ejemplo omisión en el ejercicio de las funciones públicas”, afirmó el representante del Ministerio Público.

Sin embargo, para Chandler D'Orcy insiste en que esta investigación se “está manejando con pinzas” porqué aunque se corroboraron todos los hallazgos de abusos y las situaciones “irregulares” dentro de los albergues que en su informe describió la subcomisión legislativa “hasta ahora solo se imputan a algunas personas” de mandos bajos.

La diputada indica que en los informes que levantaron quedó evidenciado la debilidad en la fiscalización, es decir, que existía una nula labor de fiscalización de parte de la Senniaf y el Gobierno Nacional. “Para que se dieran todos estos delitos de corrupción de servidores públicos, el peculado, la malversación de fondo de los subsidios es porque evidentemente hay una complicidad por parte de funcionarios. Esto es algo que el Ministerio Público no está queriendo ver. No está queriendo indagar”.

Agrega que otro aspecto que le preocupa, es que los encargados de esta investigación están interrogando a los funcionarios “técnicos” de la Asamblea Nacional que ayudaron a la subcomisión a levantar el informe y lo hacen con una actitud “intimidante” y desean que sean los funcionarios los que proporcionen nombres de “personas importantes” que pudieran estar involucradas en los hechos denunciados, algo que no es necesario ya que el informe que les entregaron los puede llevar a estas conclusiones.

Aquí se quiere que sea el personal de la Asamblea Nacional que dé los nombres, cuando en los informes que tiene el Ministerio Público se habla de las fundaciones, los manejos, se habla durante qué periodo de tiempo fue que se dieron los hechos. Se habla de que existía una directora de la Senniaf que firmó y autorizó la salida de las menores de edad para una fiesta privada. Incluso en yates. Seamos honestos, no cualquier panameño tiene un yate. No cualquier panameño tiene propiedad de playa. Me va a decir que aquí no se está protegiendo a unas personas”, afirmó Chandler D'Orcy.

Asegura que si siguen en este camino el responsable será el que barre, cuando esta situación amerita un comportamiento serio dado que es un tema de niñez, que tiene muchos años y en esta administración es “una bonita oportunidad para sacar lo mejor de esta crisis”.

La política en medio de la polémica

La manera en la que el Ministerio Público adelanta las investigaciones sobre los hallazgos en los albergues no es la única situación que inquieta a Chandler D'Orcy, quien considera que al tema se le está dando un manejo político a pesar de que es una situación que pone en estado de vulnerabilidad a los niños, niñas y adolescentes en riesgo social.

“Lastimosamente el tema se politiza” señala la diputada que sustenta su argumento en que la semana pasada la Asamblea Nacional ratificó a la subdirectora de la Senniaf, propuesta por el Ejecutivo, la cual advierte tiene un “perfil maravilloso para el Ministerio de Seguridad”, pero no es la persona idónea para ocupar el cargo para la cual la designaron.

Además, considera que su nombramiento es una “evidente ilegalidad” a la ley que creó esta secretaría. “No está calificada, pero aun así la propone el Ejecutivo y ratifica la Asamblea Nacional”, hace énfasis la diputada que también busca conocer en qué estado y dónde se encuentran los niños afectados por las situaciones irregulares que ocurrían en los albergues.

En este aspecto, expresa que ha tenido acercamientos con la diputada Zulay Rodríguez, presidenta de la Comisión de la Mujer, La Niñez, la Juventud y la Familia en los que “respetuosamente” le solicitó que gire notas a la directora y subdirectora de la Senniaf para que les brinden informes internos de lo que está pasando con estos menores.

Según expresó Chandler D'Orcy no tienen conocimiento de qué ha pasado con los niños en los albergues. Todavía hay organizaciones no gubernamentales administrando varios albergues. “Estamos preocupados. Cada vez que hemos preguntado sobre lo que está pasando no nos dan información. Nosotras, al igual que el resto de los ciudadanos, nos enteramos cuando pasa algo (que se convierte en noticia). Hay cero comunicación interinstitucional. Es algo que nos preocupa. No es posible que eso se maneje con tanto hermetismo”, señaló la diputada.

En busca de respuesta

Uno de los aspectos que recalca la diputada Chandler D'Orcy es que desde que hicieron las denuncias, hace unos cuatro meses, siguen pendientes del tema a pesar de las dificultades que se les presentan en el camino.

En su caso particular, expresa que la falta de una “armónica colaboración” le llama la atención, porque llega al punto de que desconoce “si encubren algo o existen intereses. Ya no sé qué pensar. No entiendo que es lo que los mueve. Parece que es un tema que nadie quiere tocar en Panamá. Estamos tan acostumbrados a que nos roben que parece que es normal, pero ahora abusan a nuestros niños y no les importa a los que les debe importar; a los tomadores de decisiones”.

Para la diputada lo que esperan es que este escándalo se diluya para no hacer nada. “Aquí hay responsabilidad penal, no solo administrativa. Aquí no veo a nadie de la junta directiva actual ni de los que se han ido. El Ministerio Público a ellos no los llaman, el Ministerio Público nos ha llamado a nosotras (Miembros de la subcomisión) y al personal técnico de la Asamblea Nacional. No me extraña que el día de mañana nos responsabilicen a nosotros del abuso de los menores”, indica Chandler D´Orcy.

Finalmente expresó que ha recibido mensajes para que “baje la velocidad”, pero no lo hará porque tiene un compromiso con los niños. “Por tantos años nadie hizo nada. Ahora yo sí sé. Yo estuve adentro. Yo tuve conocimiento y la realidad de estos niños no se ha transformado y no se va a transformar mientras sigamos con esta misma mentalidad. Yo no he dejado el tema. Yo no quiero un titular hoy o mañana. Yo quiero que cambie la realidad de esos menores, porque es algo injusto que en el país de los millones esos menores sigan viviendo así e impere la impunidad, que no pase nada y que no exista una certeza del castigo”.

Las investigaciones: MP

Las pesquisas para dar con los responsables de los supuestos delitos cometidos en los albergues en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes han continuado su curso.

Según informaciones del fiscal superior de Familia en el área Metropolitana para conocer las condiciones en las que se encontraban dentro de los albergues se entrevistaron a 560 menores con capacidad para responder, porque existen otros con limitaciones intelectuales que no pueden hacerlo.

En este trabajo, indica el fiscal, se apoyan con la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, así como psicólogos y personas que puedan ayudar a esclarecer las situaciones que se investigan.

Entre los casos que se investigan, según explica el fiscal, está el de un menor con un “un golpe cráneo encefálico que no recibió atención clínica oportuna para evidenciar el delito de maltrato, porque una de las consideraciones que se toman para determinar la existencia del delito es el trato negligente, sin perjuicio de que se pueda determinar premeditación o dolo. Otros donde hubo reprimendas a los menores por mal comportamiento, mientras que en las denuncias de supuestos abusos de agresión sexual lo primero es tener la versión de la posible víctima y verificarla científicamente".

En este último caso, el fiscal indica que una fiscalía especializada se encarga de corroborar está información y aunque no profundizó en los detalles expresó que la persona señalada como responsable mantiene relación con el albergue.

Además añade que existe una investigación macro y otras que se llevan en diferentes fiscalías. Por ejemplo, la de Familia maneja un caso en un albergue localizado en Tocumen con dos imputados que se mantienen en detención preventiva, la de Anticorrupción también logro imputar a dos personas y la Metropolitana de Asuntos Sexuales también logro detener e imputar a personas.

Mientras en la investigación de los 57 albergues la fiscalía de Familia maneja y recibe información local y nacional para determinar si existen otros hallazgos de naturaleza penal, así como otros albergues.

Por otro lado, Vásquez está consciente de que se trata de un tema “muy sensitivo” y que la comunidad puede tener una percepción distorsionada de lo que realmente pasa en las investigaciones e invitó a todos los ciudadanos que puedan colaborar para aclarar los hechos que se acerquen.

De hecho, indicó que no todas las informaciones que aparecen en los medios de comunicación social están en los expedientes de investigación y puso como ejemplo de esta situación que dentro de las investigaciones se corroboró que no era fidedigna la información sobre infantes a los que les deban de comer comida de perros, aparte de que aparentemente no se trataba de un lugar de menores.

Entonces hay que saber diferenciar y saber explicar porque resulta ser que las investigaciones que lleva la Fiscalía de Familia como tal, son investigaciones de albergues de menores, no de adultos. Eso no significa que no se debe investigar. Se debe investigar. Pero eso está corroborado. No todo lo que se escucha a nivel de los medios puede ser la verdad procesal que se mantiene en las investigaciones por parte de las fiscalías”, señaló el fiscal.

El fiscal reiteró el llamado a la población a acercarse a denunciar, porque no encontraron, hasta el momento, ni servidores públicos o funcionarios de alta jerarquía, ni mucho menos personas con alguna connotación pública que diera lugar a algún tipo de agresión sexual.