Minería en Panamá | 'Abrir para cerrar', la propuesta de Mulino analizada por el actual ministro de Comercio e Industrias

Ciudad de Panamá/Luego que el presidente electo José Raúl Mulino planteara el concepto de "abrir para cerrar" la mina de Donoso, han surgido críticas y dudas sobre cómo y qué contempla ese proceso.

En ese sentido, el ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, abordó en TVN-2.com la compleja situación de la mina de cobre, operada por Minera Panamá, la cual actualmente se encuentra cerrada y fuera de operaciones de extracción y explotación de minerales y sus derivados. En su más reciente declaración, Rivera Staff explicó el concepto de “abrir para cerrar”, planteado por el presidente electo, que, aunque no es nuevo en el mundo minero, podría ofrecer una solución temporal para mitigar los costos de mantenimiento y estabilidad de la mina.

Según el ministro, mantener la mina en condiciones ideales para evitar riesgos tanto físicos como químicos tiene un costo aproximado de 20 millones de dólares.

"El concepto de abrir para cerrar la mina sería bueno, mientras se cierra la mina, se permite la explotación de minerales, hasta un límite de más o menos 20 millones, que cubra los costos y que se permita la actividad de vender cierto material para financiar esos gastos", comentó Rivera Staff.

Este enfoque permitiría que la mina, pueda generar ingresos suficientes para cubrir sus propios costos de mantenimiento y cierre ordenado.

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Rivera Staff subrayó la importancia de encontrar una solución financiera viable para evitar que el Estado panameño asuma estos costos, algo que desean evitar a toda costa. Este modelo, aunque nuevo en el contexto local, ya ha sido aplicado en otros países, según el ministro.

Por allí viene el concepto que están planteando, en algún momento a nivel internacional se ha utilizado en otros casos”, sustentó.

Por otro lado, el abogado ambientalista, Harley Mitchell, dijo que el concepto es una idea que, pudiera obedecer al financiamiento que requiere la actividad de gestión-administración segura de la mina y se debería tener en cuenta que el Estado panameño está siendo golpeado por un tema que, si bien, a través del gobierno actual, tiene responsabilidades, tampoco debería ser justo que todos los panameños paguen por aquel error [actual administración].

El tema de abrir para cerrar nada más tiene un sentido financiero, sin embargo, la bomba de tiempo sigue así", recalcó.

Recordemos que, hace unas semanas la empresa First Quantum envió un correo al presidente electo en donde solicitaba abrir el diálogo para poder reabrir la mina. Sin embargo, a juicio de Mitchell si el tema minero quiere resurgir en el país va a tener que renunciar expresamente a todo tipo privilegio o canonjía real o aparente que pueda tener por parte de los máximos órganos del Estado.

"Para poder volver ganar, no solamente la simpatía, sino la idea más vaga de que este puede ser un logro de la economía panameña, si el gobierno actual tiene algún tipo de mérito es que en cinco años logró que un sector de la economía prácticamente se extinga", afirmó.

Desde el punto de vista del abogado ambientalista, el tema de "abrir para cerrar" no es más que una idea, y más allá de eso no le "parece un planteamiento y ni siquiera una línea de acción".

Recalcó que, es un tema que se debería debatir ampliamente porque en el mismo fallo de la Corte se habla de un tema de participación ciudadana, y eso no significa que el gobierno solo va a decidir y va a comunicar su decisión, sino que la ciudadanía debe ser participe de la "toma de decisión en temas de profundo sentimiento nacional como la disposición del territorio, subsuelo y medio ambiente".

Arbitrajes

El panorama legal alrededor de la mina también es complejo. Actualmente, hay un proceso de arbitraje comercial en desarrollo, y existen aproximadamente cinco intenciones de arbitraje de inversión que aún no se han formalizado. Las demandas surgen principalmente de los accionistas de la empresa, basadas en una cláusula del contrato que fue declarado inconstitucional. Esta cláusula contempla la posibilidad de arbitrajes en caso de diferencias, aunque excluye explícitamente arbitrajes en materias constitucionales.

Hasta ahora, el gobierno está en proceso de contratar firmas que puedan apoyar al país en este arbitraje comercial. Rivera Staff explicó que, aunque existen varias intenciones de arbitraje, por ahora solo se ha formalizado una, lo que implica que el país debe prepararse para posibles futuros litigios.

“La empresa lo invoca con sustento en una cláusula del contrato que fue declarado inconstitucional, que plantea la posibilidad de arbitrajes en caso de diferencias, tiene explícitamente el último apartado que excluye arbitraje en materias constitucionales”, indicó.

¿Qué pasó con el plan de cierre?

En cuanto al plan de cierre de la mina, el ministro destacó la importancia de un enfoque ordenado y científico. Aseguró que el proceso de transición que se ha planteado hacia el cierre de la mina el cual será guiado por un panel de expertos, con la inclusión de veedurías ciudadanas para garantizar la transparencia y la participación ciudadana.

Señaló que ya se ha elaborado un borrador de decreto ejecutivo para establecer este panel de expertos, que contará con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y del sistema nacional de investigación, asegurando la participación del talento científico del país.

El proceso de cierre podría extenderse durante unos 8 años y se estima en $800 millones.

Esto dependerá dependiendo de la agilidad con la que avance el plan en cada administración. Este enfoque busca asegurar un cierre ordenado, minimizando los impactos ambientales y sociales, y aprovechando el conocimiento científico local para una gestión adecuada.

El reto de manejar los costos de mantenimiento de la mina, enfrentar las demandas de arbitraje y ejecutar un plan de cierre sostenible y transparente marca un periodo crucial para el país, donde las decisiones que se tomen tendrán un impacto significativo en el futuro económico, social y ambiental de Panamá.

Concentrado almacenado

A pesar de que el último informe de inspección intergubernamental indicó que se debía trasladar el concentrado de cobre fuera del sitio ya que su almacenamiento a largo plazo genera inminentes riesgos ambientales y de seguridad, al igual que complicaciones operativas al momento de su exportación incrementando los costos de tratamiento lo que generaría costos extras al momento de la venta del mismo, el MICI aseguró que la decisión sobre qué hacer con el material quedaría para el próximo gobierno.

"Si bien el cobre en condiciones normales es no inflamable, debido al estado granulométrico en que se encuentra el mismo, polvo, (se clasifica como sólido inflamable) puede generar gases que hacen propensa la pila a peligro de explosión del polvo de cobre. Se observó la “compactación” en terrones y bloques del concentrado debido a la desecación de la pila (calor espontáneo conlleva pérdida de humedad). Esta condición incidirá en gastos adicionales al momento de su reclamación, lo que puede implicar un reprocesamiento del material almacenado", se indicó en el informe.

Sobre este tema, Mitchell opinó que, la actual administración deja una situación en torno al plan de gestión segura y la inacción respecto al concentrado de cobre almacenado que representa una “bomba de tiempo” para el gobierno que viene. 

Advirtió que entre más tiempo esté almacenado el concentrado de cobre a coste riesgo de la empresa, a una temperatura que puede ser hasta de 400° el material, no solo es peligroso, sino que ya es inestable de por sí. Además, también tendría efectos corrosivos.

Los gases son tan peligrosos que la misma empresa se ha ofrecido a trasladar los contendedores de los mismos a sitios más seguros, ante esta petición el MICI se ha mantenido impávido de manera inexplicable”, señaló Mitchell.