Abogado advierte que imponer la vacunación podría ser una violación a la Constitución
Vacunas en Panamá
El debate del condicionamiento de la vacunación para algunas actividades toma fuerza en el país una vez se puso a disposición el medicamento para toda la población, pero no solo los dueños de comercios están analizando esta posibilidad, la semana pasada las declaraciones del presidente Laurentino Cortizo sobre la posibilidad de hacerla obligatoria en funcionarios encendió las redes sociales y la controversia.
Pese a que en Panamá el proceso de vacunación ha tenido una buena acogida, y la gran parte de la población ha acudido al llamado de las autoridades de salud, un pequeño porcentaje se niega a inocularse, mientras que otros aún están indecisos, pues sienten temor de lo que pudiera provocar el fármaco, temor generado por las contantes informaciones negativas sobre las mismas.
Para Annette Planells, del Movimiento Independiente por Panamá (Movin), el Presidente se ha adelantado a los hechos, considerando que, lo prudente es analizar los casos individualmente y ver si el no estar vacunado afectaría la salud de sus compañeros. Además, manifestó que “a pesar que en redes sociales hay personas que han manifestado su rechazo a las vacunas, lo cierto es que la población está acudiendo masivamente a vacunarse”.
Mientras que el abogado Ernesto Cedeño, indicó que la obligatoriedad de la vacunación no tiene sustento jurídico adecuado, señalando que la Ley 48 del 2007 en el artículo 14 habla sobre la vacunación obligatoria para cuando la enfermedad sea inmunoprevenibles y el coronavirus no aplica.
“No hay una norma jurídica que permita la vacunación obligatoria
Por su parte Planells estima que, aunque el trabajo es un derecho, trabajar para el Estado es un privilegio que debe venir acompañado de mayores responsabilidades, pero reitera que la medida no puede ser generalizada, ya que no es lo mismo un trabajador de la salud, y de educación, que trabajos que se realizan de manera aislada o con menor riesgo de contagio.
Pero, no solo las declaraciones de Cortizo generaron polémica sobre este tema, pues a principio de semana, ya el alcalde de La Chorrera Tomás Velásquez había atizado el fogón con una directriz que dio a su secretaria de que no atendería a personas no vacunadas, aunque en el Consejo Municipal justificó su decisión y dijo que el mensaje no fue bien transmitido.
“Le dije a una de mis secretarias que no supo como exponer el letrero que yo no iba a atender a personas que no fuesen vacunadas porque para eso estaba precisamente el barrido y el que quería hablar con el Alcalde pues obviamente, después de tener cuatro secretarias en covid, obviamente tenemos que abocar a uno de los principios más básicos de la Constitución que es el derecho a la vida. Entonces si usted atenta contra mi vida por supuesto que yo voy a restringirte que vengas a conversar conmigo”, expresó Velásquez.
Ante esto Planells señaló que el Alcalde “como funcionario no puede negar la atención a ningún ciudadano
Sin embargo, reconoció que, estas medidas sí pueden ser diferenciando entre vacunados y no por el grado de contagiosidad que representen.
Tras estas situaciones procedentes de autoridades gubernamentales, Cedeño recomendó que se motive a la población a vacunarse en vez de imponerse debido a que no existe sustento jurídico para sustentarlo.
Del mismo modo Planells dijo que la mejor manera de convencer a los indecisos es con información transparente y oportuna, apuntando a que no hay mejor argumento para vacunarse que ver la abismal diferencia entre los vacunados y los no vacunados en las cifras diarias de hospitalizaciones y muertes.
Actualmente el Ministerio de Salud y la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas discuten la posibilidad de abrir eventos y sitios a un 75 % de aforo solo para personas que presenten su tarjeta de vacunación y según lo manifestado por Aramis Cornejo esta medida podría aplicarse a finales de septiembre dependiendo de la evolución del virus.
Hasta este domingo, Panamá ha aplicado 3 millones 266 mil 604 dosis de vacunas anticovid, de las cuales 2 millones 702 mil 273 son de Pfizer y 564 mil 331 de AstraZeneca. Según las cifras del vacunómetro hay un 80 % de la población vacunada con primera dosis, lo que sobrepasa la estimación del 70 %.