Los 4 puntos para entender los pagos que debe hacer Minera Panamá al Estado, según el contrato

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el reciente anuncio por parte del Ministerio de Comercio e Industrias de que el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo preliminar con Minera Panamá para que la misma continúe su extracción de cobre en Donoso, Colón, las fichas parecen alinearse para que el Tesoro Nacional devengue un ingreso constante de esta operación minera por los próximos 20 años. No obstante, tal visión a futuro podría ser una bruma, ya que varios grupos ambientales han indicado que se opondrán al acuerdo entre el Gobierno y la mina, entre ellos, el Centro de Incidencia Ambiental —fundado en 2007 y logrando en 2018 la declaración de inconstitucionalidad del primer contrato minero del área.

En el caso de que el Gobierno otorgue el contrato y éste posteriormente reciba el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia, Panamá sería oficialmente un país minero, obteniendo de esta operación un mínimo de $375 millones anuales —valor equivalente a un 0.57% del producto interno bruto (PIB) del país bajo el año de referencia de 2007 o 0.5% exacto del PIB al cierre de 2022, bajo el nuevo año de referencia de 2018.

Considerando que se espera que la vida útil de la mina en Donoso sea de al menos 50 años, sino mucho más, tal línea de ingresos al Tesoro Nacional podría llegar a ser una garantía importante de la liquidez de la Nación, atando parte de la operatividad financiera del país a aquella de la mina.

Pero, ¿qué precisamente dice el borrador del contrato minero sobre los dineros que le tocan a Panamá?

Primero

La mina deberá darle al Tesoro Nacional una fianza de $70 millones para garantizar su buena ejecución de la concesión.

Segundo

Minera Panamá deberá pagar, al menos por los próximos 18 años, diez dólares de los Estados Unidos de América por cada hectárea —10 mil metros cuadrados— de concesión. Tomando en cuenta que el contrato establece una superficie de concesión por 12,955 hectáreas, el pago sería de alrededor de $130 mil anuales. De éstos, el Tesoro tomaría 80%, el Municipio de Omar Torrijos 10% y el Municipio de Donoso, otro 10%. Adicionalmente, habrá un pago similar por cada hectárea de servidumbre utilizada, aunque esta cifra no es del todo clara aún.

Tercero

Minera Panamá quedaría sujeta al pago de impuestos nacionales, municipales, tasas, cargos, derechos, tarifas, derechos aduaneros y tributos. De estos, la mina podrá deducir un valor del monto a pagar en función a la cantidad de mineral extraído en el año del cálculo, siendo tal deducible, menor y menor mientras corra la concesión. Además, la mina quedará exonerada de todos los impuestos de importación o de transferencia de bienes muebles y servicios que tengan que ver con el desarrollo de su infraestructura. Aparte de todo esto, la mina también recibirá alrededor de $37 millones en créditos fiscales anuales, por cada año de los 20 que dura la concesión.

Cuarto

En relación al pago principal, el mismo se denomina Regalía sobre la Ganancia Bruta. La “ganancia bruta” se define específicamente como “los ingresos por ventas de todos los minerales extraídos del área de concesión durante el trimestre relevante, menos los costos directos de producción del trimestre relevante”.

La tasa de la regalía a pagar es de hecho una banda de porcentajes que va desde el 12% hasta el 16%. Se divide la ganancia bruta entre los ingresos por venta para calcular el “margen bruto”: si el número resulta entre 0 y 0.2, Panamá se lleva 12% de la ganancia bruta. Si la razón queda entre 0.2 y 0.3, 13%. Entre 0.3 y 0.4, 14%. Entre 0.4 y 0.5, 15%. Y mayor a 0.5, 16%.

Veamos un ejemplo, ofrecido por el mismo contrato: la mina reporta ingresos por ventas —anuales, siendo el cómputo trimestral una proporción— de $1,100 millones y “costos directos de producción” por $600 millones. La resta del segundo del primero da la ganancia bruta: $500 millones. Se divide la ganancia bruta entre los ingresos por ventas: 0.45. La razón está entre 0.4 y 0.5, así que Panamá se queda con el 15% de la ganancia bruta: $75 millones.

Tal fórmula implica que en la medida que la empresa tenga que enfrentar costos directos de producción más altos en comparación con el mismo nivel de ingresos por ventas, la mina pagaría en el rango bajo de la banda.

No obstante, el contrato dice luego que Minera Panamá “pagará cada año al Estado […] el monto que resulte mayor entre el ingreso mínimo garantizado [$375 millones] y el monto que resulte de todos los pagos hechos y/o a realizar” en tal año. Esto implicaría que si la suma de la regalía con los impuestos y retenciones, queda por debajo de $375 millones, se pagará este monto en vez.

De hecho, considerando costos directos de producción moderados, la ganancia bruta tendría que estar por encima de los $2,200 millones para recibir $376 millones por regalías únicamente.

En el caso que la regalía, los impuestos y las retenciones no sumen $375 millones en un año cualquiera, la mina podría incluso pedir una exoneración de pagar este mínimo, siempre y cuando, entre otros, el precio del cobre esté por debajo de un nivel histórico o la producción de cobre de la mina sea por menos de 250 mil toneladas métricas —Minera Panamá espera que su exportación anual sea de 320 mil toneladas métricas.

La variación de las tasas de regalías a nivel internacional es relativamente amplia, y sus formas de cálculo también pueden ser distintas, por lo que una comparación directa resulta difícil. Para referencia, Zambia —en el sur de África, donde First Quantum, propietaria de Minera Panamá, también opera minas de cobre— la banda oscila entre alrededor del 5% a alrededor del 10%, también en relación a los ingresos por ventas, pero dependiendo del valor por tonelada, con otros asteriscos.

El primer pago de la mina al Tesoro Nacional será por $395 millones, los cuales deberá desembolsar durante el mes siguiente a la posible firma del contrato, no obstante la operación presente de la misma.

Dos preguntas permanecen.

Por un lado, el contrato con la mina establece la proporción en la que se deben gastar los ingresos recibidos por el Tesoro Nacional por parte de Minera Panamá: mitad será para el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, un quinto para el aumento de pensiones a jubilados, un cuarto para el llamado “Fideicomiso Conquista del Altántico” —que buscará desarrollar las áreas colindantes a la mina— y el veinteavo restante para la construcción y funcionamiento de un instituto de capacitación de docentes.

Pero no se ha explicado aún por qué tales disposiciones de gasto deben pesar en un contrato ley con una empresa particular, limitando la flexibilidad presupuestaria y el espacio fiscal del Estado de antemano, temas que han estado bajo la mira de las casas calificadoras.

Y por el otro lado, al fijar un monto mínimo en valores nominales en un contrato a 20 años de plazo, se corre el riesgo de que la inflación se coma el valor de los dineros a pagar. Esto, no obstante que el contrato intentaría ofrecer una solución atando la regalía mínima al 2% de la suma bruta que obtenga la mina por la venta del concentrado de cobre en cualquier año, luego de deducir sus costos de fundición y transporte.