En 2024 arrecia la baja arancelaria pactada en el TPC entre Panamá y EEUU

Ciudad de Panamá, Panamá/La carne de cerdo, el maíz, la leche fluida y el arroz son los productos que en 2024 recibirán el mayor impacto de la desgravación arancelaria pactada en el Tratado de Promoción Comercial (TPC) firmado en junio de 2007 entre Panamá y Estados Unidos, y que entró en vigencia en octubre de 2012.

En dos meses y unos días el arancel de importación de la carne de cerdo caerá del actual 23.3% a 15.5%, el del maíz pasará de 12% a 8%, mientras que el de la leche fluida descenderá de 25.7% a 17.1%, para llegar todos a 0% en 2026.

Otros productos nacionales a los que le hará mella la desgravación arancelaria establecida en el TPC son el arroz y el cuarto de pierna de pollo, conocido popularmente como “muslo encuentro”, que pasarán de 72% a 63% y de 195% a 162%, respectivamente. El arroz llegará a 0% en 2031, mientras que el muslo encuentro lo hará en 2029.

De igual manera, la carne bovina deshuesada bajará el año entrante de 7.5% a 5%, acompañada por el concentrado de tomate que va de 16.2% a 8.1%, estableciéndose ambos en 0% en 2026.

Este panorama se presenta en momentos en que las autoridades panameñas apuntan a noviembre como el mes tope para “recibir señales” del norte y entablar conversaciones bilaterales tendientes a tratar de “revisar” el tratado, aunque hasta el momento las señales de los estadounidenses brillan por su ausencia. Lo que sí han descartado es una posibe renegociación del TPC.

“Hasta ahora entendemos que la respuesta que se ha recibido es que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no tiene contemplado acceder a una revisión de los alcances originales del tratado”, señaló Luis Carlos Castroverde, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (Anavip).

Añadió que debido a esta situación el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) le ha propuesto a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional y a los productores avícolas y porcinos dar un plazo hasta noviembre para seguir insistiendo en alguna respuesta positiva por parte de la contraparte norteamericana.

Sin detallar, Castroverde informó que tanto la Anavip como la Asociación Nacional de Porcinocultores (Anapor) han presentado al citado ministerio propuestas que sirvan de base para una revisión del tratado, “buscando ambas un mecanismo que permita que la producción nacional de estos rubros pueda coexistir con las importaciones americanas”. 

Por su parte, Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá (APUP) y de la Cooperativa de Servicios Múltiples Ecopork, sostiene que hay que seguir insistiendo en la revisión del tratado, toda vez que ha demostrado “que no rinde ningún beneficio para el sector agropecuario panameño”.

Señaló que desde el 2021 la asociación que preside le ha solicitado al MICI la aplicación de las normativas técnicas, para que los productores puedan acogerse a alguna medida que pueda ayudar a paliar la difícil situación que enfrentan ante la desgravación arancelaria.

Los porcicultores, dijo, también se ven afectados por “la maleanteria” que existe al importar carne de cerdo congelada, así como en la introducción de productos vencidos y en el cambio de las partidas arancelarias.

En este caso, una fuente del Ministerio de Desarrollo Agropecuario explicó que se viola un decreto del Ministerio de Salud que señala que los productos congelados importados no se pueden descongelar para venderlos al detal, “pero aquí te viene media canal congelada, la descuartizan toda en piezas y la venden al detal”.

Respecto a la solicitud de la APUP, recordó que todos los tratados bilaterales contemplan normativas científicas técnicas que tienen que ser aplicadas en ambas vías y que todos los países tienen el derecho de hacerlo, aunque esto lleva un proceso hasta ser presentado ante la Organización Mundial del Comercio.

Para la Anavip y la Anapor es de suma importancia proteger la producción de carne de aves, de cerdo, los lácteos y el arroz, toda vez que esto garantiza la seguridad alimentaria “que deben resguardar responsablemente nuestras autoridades ante una eventual crisis alimentaria”.

La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, según la Cumbre Mundial sobre Alimentación de 1996.

Esta semana, el presidente Laurentino Cortizo viajó a Costa Rica para recibir un reconocimiento por “su compromiso y liderazgo a favor de la agricultura y la seguridad alimentaria” del país y de “toda la región”, según el organizador, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

El IICA fue uno de los actores principales en el proceso de la Ley de Política Agroalimentaria de Estado, que los productores llaman “la ley del PADE...spués”, y cuyo titular, Manuel Otero, fue invitado especial de Cortizo en el acto de sanción, realizado en enero pasado en Ocú, provincia de Herrera.

Un informe sobre la recaudación de cuotas de este organismo indica que en 2019 Panamá pagaba 62,000 dólares, 66,400 dólares en 2021, 70,500 en 2022 y 75,000 dólares al 1 de septiembre de este 2023.

Respecto al TPC, Cortizo dijo el pasado agosto que aunque no le gusta viajar encabezaría personalmente una reunión en Estados Unidos con el Secretario de Agricultura y el jefe de la Oficina Comercial de esa nación para la revisión de cinco rubros sensitivos pactados: carne, pollo, cerdo, arroz y lácteos.

Avicultores y porcicultores se mostraron confiados en que este 8 de octubre, día del productor agropecuario, el mandatario reitere “su inédita y valiente disposición de encabezar una misión oficial a Estados Unidos” para tratar lo concerniente al TPC, aunque hasta el momento desde el norte no han enviado ni señales de humo.