Audiencia a Martinelli en Panamá fue suspendida por inasistencia de su abogado
La audiencia de imputación que debía realizarse al expresidente Ricardo Martinelli, por el caso de los 353 indultos ilegales otorgados en su gobierno, fue postergada para el próximo 21 de junio.
Siendo las 9:12 de la mañana de hoy miércoles 14 de junio, se reanudó la audiencia que estaba en un receso desde el 10 de mayo pasado.
El magistrado juez de garantías José Ayú Prado, pasó lista de los presentes en el salón de Casación del Palacio de Justicia Gil Ponce de Ancón, donde se lleva a cabo la audiencia. Allí se percató que Sidney Sittón, abogado de Martinelli, no estaba presente.
En vista de esta situación, Ayú Prado fue informado por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, que Sittón envió un correo electrónico a la Oficina Judicial, indicando que no podía asistir debido a que viajó a Miami para asesorar a Martinelli en el proceso de extradición que se le sigue por el caso de los pinchazos telefónicos.
Luego, Ayú Prado preguntó al magistrado fiscal Abel Zamorano, su opinión sobre el tema.
Zamorano solicitó que se suspendiera la audiencia para respetar el derecho a defensa.
Ayú Prado accedió a la suspensión de la audiencia, decretando un nuevo receso hasta el próximo 21 de junio a las 9 de la mañana.
Además, el juez de garantías hizo la salvedad de que solicitará un abogado de oficio para que represente a Martinelli en caso de que Sittón o alguno de sus abogados particulares, no asista a la audiencia.
El pasado 10 de mayo se ordenó el receso de la audiencia debido a que Martinelli no se presentó. Eso lo decidió Ayú Prado, a pesar de que el magistrado fiscal Abel Zamorano, pidió que el exgobernante fuese declarado en rebeldía para que posteriormente los nueve magistrados del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidiese si ordenaba la detención del exmandatario.
Para que se acepte la imputación, se requiere la presencia de Martinelli.
En Miami, Estados Unidos, Martinelli está detenido desde el 12 de junio en una prisión federal pendiente de que se resuelva una solicitud de extradición a Panamá por el caso de los pinchazos telefónicos.