Genaro López: Tribunal de Apelaciones cambió medida cautelar de detención provisional por arresto domiciliario

El Tribunal de Apelaciones cambió la medida cautelar a Genaro López de detención provisional por arresto domiciliario, imposición de brazalete e impedimento de salida del país, esto durante la audiencia de apelación solicitada por la defensa del dirigente sindical, quien se mantiene recluido en el centro penitenciario La Nueva Joya.

A López se le imputaron cargos por estafa agravada, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad de documentos por presuntamente haber desviado fondos y propiedades destinados a 412 trabajadores de la empresa Pilar Construction, quienes participaron en una huelga declarada legal, y a quienes una sentencia judicial del 30 de agosto de 2011 les reconoció $7,042,764.37 en concepto de prestaciones y costas.

Sin embargo, en marzo de 2022, se firmó un acuerdo extrajudicial entre Suntracs y la empresa, por tan solo $3 millones, a pagarse en efectivo o mediante la entrega de 14 fincas ubicadas en la provincia de Bocas del Toro.

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Cesar Ruiloba, abogado de López, señaló que ahora tendrán la oportunidad para demostrar la realidad del expediente desde el plano jurídico. "Bien por la justicia hoy, han remediado un exabruto y los magistrados han estado a la altura", expresó.

Señaló que el compromiso ha sido entregar el pasaporte a la Fiscalía, que es el próximo paso a dar para poder concretar con la salida de López de la cárcel. Agregó que el Tribunal ponderó que no existe un grado de vinculación seria para mantenerlo detenido.

La audiencia se realizó a puertas cerradas, pese a la petición de la defensa de que se hiciera televisada. Además. López no estuvo de forma presencial.

Quien fue secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) de 1990 hasta 2010, se entregó a las autoridades el pasado 22 de mayo del 2025, tras la emisión de una orden de captura por parte del Ministerio Público que realiza una investigación por el caso mencionado desde el pasado 2022, cuando se interpuso la denuncia por parte de los trabajadores supuestamente afectados.

Los delitos imputados a los dirigentes superarían como mínimo 20 años de prisión.

Por este caso también existe una orden de aprehensión contra Saúl Méndez, que se encuentra refugiado en la Embajada de Bolivia desde el 21 de mayo, esperando respuesta a una solicitud de asilo que realizó a este país; y Erasmo Cerrud, por quien se ofrece una recompensa de 5,000 dólares para quien ofrezca información sobre su paradero.