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Ciudad de Panamá/El esperado juicio oral por el caso Operación Fisher, que debía arrancar el pasado 26 de mayo, ha sido oficialmente reprogramado para el 5 de abril de 2027, generando preocupación en el Ministerio Público, que lo califica como “un golpe a la justicia”.
La causa, que involucra a una red vinculada al Clan del Golfo, fue aplazada inicialmente debido a la ausencia de algunos abogados y otras situaciones que impidieron su apertura en la fecha prevista. Como medida correctiva, el Ministerio Público solicitó un aplazamiento de 10 días para garantizar el derecho a la defensa de todos los imputados.
Sin embargo, el panorama volvió a complicarse: este lunes, día en que debía iniciarse finalmente el juicio, dos abogados renunciaron a sus poderes, dejando a sus representados sin defensa técnica. Ante esta situación, el Ministerio Público solicitó una ruptura procesal, es decir, que las personas sin defensor fueran juzgadas en otro momento.
Pero el tribunal rechazó esta solicitud, argumentando que no se puede proceder en ausencia de defensa legal. Como resultado, se exploró el calendario judicial y se determinó que no había espacio disponible en lo que resta de 2025 ni durante 2026, por lo que el juicio fue finalmente agendado para abril de 2027.
El fiscal José Leiva, al salir de la audiencia, expresó su frustración por lo que considera una dilación injustificada. “Ustedes estuvieron presentes y observaron cuando dos defensores renuncian nuevamente a un poder. Sin duda alguna, esto va a traer revisiones de medidas judiciales”, señaló Leiva, en referencia a las medidas cautelares que podrían ser modificadas mientras los acusados esperan juicio.
Leiva también planteó el mal precedente que deja este aplazamiento. “Una causa que se ha venido preparando con tanto esfuerzo, que debía realizarse hoy, no se hace. Muy probablemente, varias de estas personas —incluyendo líderes dentro de la red— podrían recibir un cambio en sus medidas cautelares”.
El caso Operación Fisher inició con 76 personas señaladas, de las cuales 51 fueron imputadas formalmente. Una falleció durante el proceso. Hasta la fecha, solo 18 enfrentarán juicio, mientras que el resto optó por acuerdos de pena. De hecho, cinco de los imputados tenían previsto acordar una pena abreviada este mismo lunes, pero desistieron al conocer la nueva fecha del juicio.
Durante la investigación, el Ministerio Público decomisó más de $10 millones en efectivo, así como activos valorados en $20 millones, incluyendo autos de lujo, casas de playa y propiedades en barriadas. Las penas que se contemplan en este caso alcanzan los 28 y 24 años de prisión, por delitos como asociación ilícita, blanqueo de capitales y liderazgo de grupos criminales.
Como medida preventiva para evitar futuras dilaciones, el tribunal determinó que, de cara a la audiencia de abril de 2027, cada imputado contará con un abogado particular y uno público de oficio, garantizando así que el proceso avance, pase lo que pase.
Este nuevo aplazamiento, aunque legalmente justificado, representa un desafío serio para la administración de justicia en Panamá, y pone nuevamente en debate la necesidad de fortalecer los mecanismos para evitar maniobras dilatorias en casos de alto perfil.
Con información de Elizabeth González.