Panamá y Colombia buscan contrarrestar problemas de seguridad fronteriza
El principal reto sobre seguridad fronteriza que tienen los Gobiernos de Panamá y Colombia son los efectos que dejará en el crimen organizado la eventual disolución de la guerrilla de las FARC, además de la migración ilegal y el narcotráfico.
El ministro panameño de Seguridad, Rodolfo Aguilera, explicó en la XV Plenaria de la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron) Panamá-Colombia, que la situación limítrofe se proyecta "en torno a la actividad del crimen organizado y la captación de reductos de las FARC una vez se logre su disolución, cuyo impacto podría ser altamente negativo hacia otros sectores".
La plenaria, que se inició ayer y finaliza este miércoles en la capital panameña, busca contrarrestar los problemas de seguridad fronteriza entre ambos países, además de evaluar, coordinar y supervisar los compromisos de defensa de la zona, informó a Efe el Ministerio de Seguridad.
El mayor general del Ejército Nacional de Colombia y presidente de Combifron, Mauricio Zúñiga, sostuvo que la coordinación entre los países será fundamental para salvaguardar la frontera, no solo del narcotráfico sino de diferentes delitos asociados inclusive al desmantelamiento de la FARC, informó el Minseg en una comunicación.
En la reunión, el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Panamá, Rolando López, urgió a aprobar acuerdos y entendimientos que permitan una respuesta inmediata a las amenazas de las organizaciones delictivas del área fronteriza. El Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) negocian desde 2012 poner fin a más de 50 años de conflicto armado. Aunque habían puesto el 23 de marzo próximo como fecha límite para llegar a un acuerdo definitivo, las partes han reconocido que será imposible lograrlo en el tiempo pautado.
Panamá y Colombia comparten en sus límites terrestres una zona selvática conocida como el Tapón de Darién, el único tramo que interrumpe la continuidad de la vía Panamericana (que atraviesa al continente) por la falta de unos 109 kilómetros de carretera (59 kilómetros en el lado colombiano y 50 del panameño).
En Panamá, organismos internacionales han denunciado el abandono que sufre la población de esa región, y las fuerzas de seguridad han reconocido que el crimen organizado utiliza áreas de la selva para prácticas ilegales que van desde el narcotráfico hasta la tala de especies protegidas.
Aunque no existe carretera que permita el tránsito expedito por la zona, el área boscosa es atravesada de todas formas por estos grupos y por inmigrantes indocumentados, mayormente de Cuba y África, quienes transitan hacia Norteamérica guiados por traficantes.
