Pasión de Gavilanes
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La Procuraduría General de la Nación, a cargo de Kenia Porcell, informó que va iniciar una investigación penal a raíz del escándalo internacional conocido como "The Panama Papers", en el que se vincula al bufete de abogados Mossack Fonseca con el supuesto desvío de dinero de políticos y personalidades de más de 50 países del mundo.
El departamento de prensa de la Procuraduría confirmó el inicio de la investigación a través de un mensaje de whatsapp.
"Luego de haber sido público la información denominada "Panamá Papers", la Procuraduría General de Nación del MInisterio Público anuncia el inicio de las investigaciones respectivas", dice el mensaje de texto enviado esta tarde por Sandra Sotillo, jefa de Relaciones Públicas de la Procuraduría.
El presidente Juan Carlos Varela reaccionó a la serie de publicaciones internacionales donde se vincula a la firma de abogados Mossack Fonseca, con el escándalo conocido como "The Panama Papers" y dijo estar dispuesto dar asistencia en caso que se inicie una investigación.
Un comunicado de la Presidencia de la República resaltó que "Panamá cooperará vigorosamente con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial".
El Gobierno de Panamá reiteró que se ha establecido una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia.
"La administración del Presidente Juan Carlos Varela reafirma que en sus 21 meses de Gobierno ha demostrado un absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros al punto de que recientemente fue excluida de la lista gris del GAFI.
Varela manifestó que para cumplir los compromisos con GAFI, se aprobó la Ley 23 de 2015, con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Además la Presidencia indicó que se aprobaron 7 nuevas leyes que incluyen delitos así como la regulación de sectores financieros no tradicionales, entre ellos firmas de abogados y negocios inmobiliarios.
La nota de prensa destaca que desde enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas, que pretende que la custodia este en manos de agentes autorizados y regulados por entes financieros.