La Cáscara
En vivo![La Cáscara](https://static.tvn-2.com/clip/0d5d75a6-4f8f-4ff8-8a22-26b48811b492_source-aspect-ratio_default_0.jpg)
Organizaciones sociales se han declarado en alerta por el hostigamiento a dos activistas ambientalistas, una con una demanda millonaria y otra que tuvo que salir del país por amenazas de muerte.
Larissa Duarte, una entusiasta defensora del río Cobre, Veraguas, debe responder por un proceso por $10 millones interpuesto por la empresa Hidroeléctrica Los Estrechos S.A., que la acusa de haber afectado su proyecto.
Los Estrechos es una hidroeléctrica que debía empezar obras en febrero de 2013 y concluir en febrero de este año, sin embargo en 2010 la Autoridad de los Servicios Públicos ordenó su archivo.
TVN Noticias hizo esfuerzos por contactar a los directivos de esa compañía, sin éxito.
Un grupo de organizaciones, en el que están la Alianza Ciudadana Pro Justicia, la Central de Trabajadores y El Kolectivo, aseguró estar “en estado de alerta ciudadana” por la situación de los activistas.
Y no sólo es el caso de Duarte, sino también el de Ligia Arreaga.
La defensora del Humedal Laguna de Matusagaratí, en Darién, ha abandonado el país ante amenazas de muerte por su trabajo.
En una carta pública la también periodista aseguró que dejó Panamá para salvaguardar su vida a raíz de que no recibió respaldo policial tras las sendas advertencias de que la asesinarán.
“Había colocado dos denuncias en la Fiscalía de Darién: la primera en el 2009; no investigaron nada habiéndose citado nombres y apellidos. Esta denuncia fue desaparecida o perdida, nunca intentaron buscarla. La segunda denuncia la hice en el 2015”, relató Arreaga.
Arreaga ha insistido en que la última denuncia la presentó en junio de 2016, “en la que referí una vez más que quienes dirigen la Empresa AGSE Panamá S.A. me mandarían a matar por las denuncias sobre titulación de tierras”.
En abril, AGSE Panamá fue absuelta por juzgado de circuito en Darién de cargos contra el ambiente, tras una denuncia presentada por la Alianza por un Mejor Darién, y suscrita por una fiscalía de delitos ambientales.
La compañía pretende sembrar a gran escala palma aceitera y arroz en la provincia de Darién.